Integrantes de diversas colectivas que luchan por los derechos de madres e infancias en Yucatán se reunirán el próximo 24 de julio con la diputada local Clara Rosales Montiel para impulsar una iniciativa de reforma al Código Penal estatal. La propuesta busca reforzar la protección a mujeres víctimas de violencia vicaria y económica, y exigir que se cumpla el mandato del Senado de la República para hacer públicos los nombres de los deudores alimentarios.
Siloe Fuentes, representante de la colectiva Ley Sabina contra Deudores Alimentarios en Yucatán, indicó que al encuentro asistirán agrupaciones como Mama, Hija, Hijo en Libertad, La Morada MX, Mujeres en Resistencia y Justicia por Mónica.
Entre las demandas, destacan:
- Que el padrón de deudores alimentarios sea público.
- Que la deuda alimentaria y el abandono durante el embarazo sean delitos graves.
- Que no se pueda cambiar la custodia entre padres por al menos un año, salvo cumplimiento puntual de la pensión.
- Establecer protocolos de urgencia para recuperar menores sustraídos.
También se plantea la creación de un laboratorio estatal de ADN, que ofrezca pruebas gratuitas a madres; en caso de confirmarse la paternidad, el padre deberá reembolsar el costo y asumir la manutención del menor. Se propone reducir de 90 a 45 días el plazo para ingresar al padrón de deudores alimentarios.
Siloe Fuentes enfatizó que esta lucha no es contra los hombres, sino contra una realidad estadística: más del 99.85% de los deudores en Yucatán son hombres, muchos de los cuales usan la pensión como forma de presión contra la madre.
Previo a la reunión, las colectivas colocaron un “tendedero de deudores” en la plaza principal de Mérida, con nombres de padres que llevan años sin cumplir con su obligación alimentaria.