La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de tres personas en el estado de Yucatán por su presunta participación en el delito de tráfico ilegal de animales silvestres.
De acuerdo con la FGR, algunos de los ejemplares que transportaban están clasificados como especies en peligro de extinción o bajo protección especial, por lo que su posesión y traslado sin autorización constituye un delito grave, previsto en el Código Penal Federal.
Los detenidos fueron identificados como Ariel “N”, Bianca “N” y María “N”, quienes fueron vinculados a proceso por un juez de control especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Yucatán. La imputación se realizó por delitos contra la biodiversidad, informó la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor).
La investigación se originó tras la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, quienes detectaron el traslado irregular de animales durante un operativo.
Animales rescatados
Durante la operación, las autoridades rescataron un total de 22 ejemplares de fauna silvestre, entre ellos especies en riesgo:
- 1 mono araña (Ateles geoffroyi), en peligro de extinción
- 11 loros frente blanca (Amazona albifrons), bajo protección especial
- 8 loros corona azul (Amazona farinosa), en peligro de extinción
- 2 loros cachetes amarillos (Amazona autumnalis), especie amenazada
También portaban cartuchos exclusivos del Ejército
Además del tráfico de especies, durante la detención se incautaron cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo cual representa un delito federal adicional, contemplado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Proceso judicial y penas aplicables
El juez determinó que los tres imputados enfrentarán su proceso en libertad, con la condición de presentarse periódicamente ante la autoridad. Se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
El tráfico de fauna silvestre está sancionado por el Artículo 420 del Código Penal Federal, con penas de uno a nueve años de prisión y multas de hasta tres mil días de salario mínimo.
Por su parte, la posesión de cartuchos reservados al Ejército puede implicar hasta cinco años adicionales de prisión.