El 9 de noviembre de 2020 en el municipio de Cancún, Quintana Roo, la policía estatal y municipal ante la presencia de la Guardia Nacional (GN) disparó en contra de un grupo de manifestantes por exigir justicia para Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, “Alexis” una mujer que fue víctima de feminicidio. “Alexis” primero fue reportada como desaparecida y posteriormente, hallada en la vía pública con signos de violencia.
A la lucha por verdad y justicia por esté crimen de género, le siguieron violaciones a derechos humanos y a las leyes de México con la represión policial, que no garantizó el derecho a la protesta.
Las personas que fueron torturadas física, psicológica y sexualmente y que integraron el Comité de Víctimas del 9N, este domingo, cinco años después, deberían recibir una disculpa pública como parte de la reparación del daño, en cambio el secretario general, Pablo Gutiérrez Fernández, a nombre del Ayuntamiento, apenas reconoció los hechos y no se disculpó.
“Como parte del proceso de diálogo con el Comité de Víctimas del 9N se trabajó en la creación de un monumento en la explanada de esta reforma, que tomará la forma de una estela de luz , un símbolo de memoria y compromiso con el derecho a la libertad de manifestarse, gracias a todos por su presencia”, tras el cierre del mensaje de Gutiérrez Fernández, las y los integrantes del Comité de Víctimas del 9N lo increpó porque no ofreció la disculpa.
“¿Y la disculpa?” “¡Queremos que se disculpe!”, insistieron.
Está acción para las personas que resultaron heridas con bala, torturadas, golpeadas y algunas hasta víctimas de abuso sexual, no representa nada ante los obstáculos que han vivido como persecución y criminalización en su contra.
En Yucatán, en junio de 2022, el periodista maya Edwin Canché recibió una disculpa pública del Ayuntamiento de Seyé, pasaron ocho años de la agresión que vivió el 1 de enero de 2014, cuando policías del municipio lo golpearon y arrestaron por cubrir un accidente automovilístico en el que estaba involucrado un familiar del entonces alcalde Ermilo Dzul Huchim.
En el 2024, al reportero Alfredo Uicab, unos policías del municipio de Dzidzantún debían ofrecerle una disculpa pública; ya que en el 2020 fue agredido por fotografía en un retén. Sin embargo, los oficiales en el acto público, amenazaron con volver a hacerlo.
Es importante mencionar que el derecho a la protesta está reconocido por el derecho internacional y acuerdos a los que México está suscrito, por lo que los Estados tienen la obligación de garantizarlo.
En términos de la libertad de expresión y prensa está garantizada constitucionalmente en los artículos 6º y 7º. En ambos casos, las autoridades tienen que brindar seguridad a las personas que protestan y periodistas.