Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023, los animales de compañía dejaron de ser considerados bienes materiales para ser reconocidos legalmente como "seres sintientes".
Bajo este marco jurídico, el artículo 27 prohíbe de manera expresa mantener a los animales de forma habitual en espacios como terrazas, patios, sótanos, balcones, azoteas o vehículos.
Es fundamental precisar que la ley no impide que las mascotas disfruten de estos espacios durante lapsos breves o momentos del día.
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No obstante, el incumplimiento se configura cuando estos lugares se convierten en su residencia permanente o cuando el dueño deja al animal sin supervisión bajo condiciones climáticas adversas o temperaturas extremas.
Riesgos veterinarios: ¿Por qué se prohíbe esta práctica?
La restricción responde a criterios etológicos y veterinarios rigurosos. El aislamiento prolongado en áreas externas suele derivar en cuadros de estrés, ansiedad, agresividad, miedo o apatía debido a la falta de interacción social.
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Asimismo, los expertos han advertido sobre los peligros físicos que enfrentan los ejemplares:
- Golpes de calor: Durante el verano, los balcones pueden alcanzar temperaturas críticas que provocan complicaciones mortales en minutos.
- Hipotermia: La exposición constante al frío y la humedad en invierno deteriora la salud del animal.
- Accidentes: En el caso de los gatos, se busca prevenir el denominado "síndrome del gato paracaidista", una de las causas más frecuentes de urgencias veterinarias.
¿A cuánto ascienden las sanciones por incumplir la ley?
Las consecuencias económicas para los propietarios que infrinjan esta normativa son severas, variando según la gravedad del caso:
- Infracciones graves: Si las condiciones provocan sufrimiento o estrés injustificado, las multas oscilan entre los 10,001 y los 50,000 euros.
- Infracciones muy graves: Si la situación pone en peligro la vida del animal o resulta en su muerte, las sanciones pueden elevarse hasta los 200,000 euros.
Además de las penalizaciones financieras, las autoridades cuentan con la potestad de retirar la custodia de la mascota y establecer la prohibición expresa de poseer otros animales por un periodo de uno a cinco años.
En escenarios de extrema gravedad, el caso podría derivar en un proceso por responsabilidad penal debido a maltrato animal.