Lejos de que el país pueda demostrar al mundo entero que estamos de fiesta por albergar la Tercera Copa del Mundo de Futbol que se desarrolla en México o por ser sede de la inauguración de la justa mundialista, pareciera que tenemos que preocuparnos más porque grupos radicales no hagan de las suyas para desestabilizar el máximo evento del balompié que existe en el planeta, que por la organización del evento mismo.
Autoridades como la Secretaría de Gobernación, el Gabinete de Seguridad federal o la Fiscalía General de la República, a nivel nacional, o como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía capitalina, a nivel local, se mantienen pendientes del momento crítico que se vive, derivado de que algunas manifestaciones pudieran convertirse en focos rojos.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, padres de normalistas de Ayotzinapa, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas transportistas y campesinos, sindicatos y pensionados, son algunos de los grupos que han anunciado que podrían movilizarse en el marco del mundial de futbol.
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Sin embargo, más allá del legítimo derecho que tiene cualquier persona o grupo para manifestarse y expresarse, la atención de las autoridades se enfoca en que grupos infiltrados entre los contingentes puedan generar situaciones que deriven en enfrentamientos, con el objetivo de que los ojos del mundo volteen a ver a nuestro país negativamente.
Muy clara ha sido la Presidenta Claudia Sheinbaum al señalar enfáticamente que quienes buscan la confrontación, se van a quedar con las ganas, pues no verán a las autoridades reprimir a quienes se manifiesten en calles de la Ciudad de México.
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Este debería ser el momento en que todas y todos quienes nos decimos mexicanos nos pronunciemos porque el Mundial de Futbol se lleve a cabo de manera pacífica, sin sobresaltos y, sobre todo, que quede de manifiesto, una vez más, que la calidez y la hospitalidad de nuestro pueblo es única en el planeta y no andarnos preocupando porque sectores mezquinos que solo buscan desestabilizar al país logren su ruin objetivo.
Dividiendo… La crisis del multiculturalismo
La migración es uno de esos temas donde las sociedades occidentales parecen incapaces de sostener dos ideas al mismo tiempo. La primera es evidente: millones de migrantes se integran exitosamente, trabajan, pagan impuestos y terminan fortaleciendo a los países que los reciben. La segunda no necesariamente es políticamente correcta: algunos procesos migratorios también pueden generar problemas reales de integración, cohesión social y convivencia democrática.
Cualquier intento de discutir esta segunda idea fue rápidamente asociado con xenofobia o nacionalismo. Sin embargo, la realidad terminó imponiendo preguntas que ya no pueden ignorarse ¿Qué ocurre cuando ciertos grupos migratorios no buscan integrarse a la sociedad receptora? ¿Qué sucede cuando las comunidades recién llegadas conservan sus costumbres, algo perfectamente legítimo, pero al mismo tiempo rechazan valores fundamentales del país que las recibe?
Estas preguntas se han vuelto especialmente visibles en Europa, donde la discusión ya no gira únicamente alrededor de cuántas personas cruzan la frontera, sino alrededor de la capacidad de las democracias occidentales para preservar su cohesión cultural y política frente a comunidades que, en algunos casos, no comparten plenamente los principios como la secularización, la igualdad de género o la supremacía de la ley civil.
Francia representa probablemente el ejemplo más conocido. El Estado francés apostó por la asimilación republicana. La lógica era sencilla: cualquier persona podía conservar sus creencias religiosas o costumbres privadas, pero el espacio público debía mantenerse subordinado a principios comunes como la secularización, la ciudadanía y la igualdad ante la ley.
El problema no es solamente simbólico. Después de los atentados terroristas ocurridos en París, Niza y otras ciudades europeas durante la última década, el temor al islamismo radical dejó de ser una discusión en abstracto. Y lo más inquietante para muchos gobiernos europeos fue descubrir que varios de los responsables no eran recién llegados sino ciudadanos nacidos o criados dentro de las propias democracias occidentales.
Suecia, Alemania e incluso Reino Unido experimentaron fenómenos similares. En todos ellos, partidos que durante años ocuparon posiciones marginales comenzaron a crecer electoralmente alimentados por preocupaciones relacionadas con la migración, la integración y la identidad nacional.
Durante años se asumió que todas las culturas podían convivir automáticamente bajo un mismo sistema democrático sin tensiones profundas. Pero las democracias liberales no funcionan únicamente sobre las leyes e instituciones. También dependen de ciertos consensos básicos: la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de expresión, la supremacía de la ley civil sobre la religión y la existencia de un espacio público compartido.
Nada de esto significa que la migración sea una amenaza en sí misma, ni que Europa deba cerrar sus fronteras. De hecho, buena parte de las economías occidentales dependen ya de la inmigración para sostener sus mercados laborales y sus sistemas de pensiones. Tampoco se trata de exigir que alguien renuncie a su identidad cultural o religiosa para integrarse.
La verdadera pregunta es si una sociedad abierta puede sostenerse cuando algunos de los grupos que llegan a ella no comparten los principios que hicieron posible esa apertura. Esa es la discusión que Europa intenta resolver. Y a juzgar por el crecimiento de movimientos nacionalistas, por el endurecimiento de las políticas migratorias y por el desgaste del viejo consenso multicultural, parece que las respuestas que dominaban hace apenas unos años ya no resultan suficientes.
Multiplicando… Vivienda: del discurso a la ejecución
En Liga Inmobiliaria se reunieron algunas voces influyentes del sector habitacional mexicano: Carlos Ramírez Capó, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI); Jorge Gordon, presidente de CANADEVI Valle de México; Miguel Lozano, director general de Casas ARA; y Leopoldo Hirschhorn, presidente de Grupo HIR.
Más allá de las diferencias naturales entre empresas y organismos, el mensaje fue unánime: México enfrenta una demanda creciente de vivienda, pero las condiciones regulatorias y urbanas siguen frenando la capacidad de respuesta del mercado.
La señal más relevante fue el reconocimiento de que la vivienda asequible volvió a colocarse en el centro de la discusión nacional. Ramírez Capó recordó que, antes de los nuevos programas impulsados para atender a los segmentos de menores ingresos, la producción formal para este sector era insuficiente. El dato refleja una realidad que el país arrastra desde hace décadas: millones de familias quedaron fuera del mercado formal y encontraron en la autoconstrucción la única alternativa para acceder a una vivienda.
Quizá la reflexión más reveladora surgió cuando Jorge Gordon planteó que, particularmente en CDMX, hay disposición para desarrollar vivienda asequible, pero no las herramientas regulatorias para hacerla viable. El problema ya no parece ser la falta de interés de la iniciativa privada, sino la ausencia de instrumentos urbanos modernos que permitan construir donde las personas necesitan vivir, a lo que se suma la advertencia de Leopoldo Hirschhorn sobre el crecimiento de la autoconstrucción y sus efectos sobre el ordenamiento territorial, la sostenibilidad y la calidad de vida urbana.
Mientras el país busca nuevas fuentes de crecimiento y atracción de inversión, la vivienda aparece como una de las pocas actividades capaces de generar empleo, derrama económica y desarrollo social de manera simultánea. La Cámara, los desarrolladores y la iniciativa privada parecen coincidir en el diagnóstico: hacen falta menos obstáculos y más certidumbre; la discusión deberá trasladarse a los gobiernos y a los congresos, porque el reto no es reconocer el déficit habitacional, es construir las condiciones para resolverlo.