Los citatorios que emitió la Fiscalía General de la República en dos casos de alta relevancia que investiga en los estados de Sinaloa y Chihuahua generaron que un sector político intentara llevar agua a su molino, a través de afirmaciones sin sustento que solamente buscaron generar engaño.
El sábado por la mañana, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como si se tratase de una conferencia de prensa, dio a conocer con comunicado, fotografía, video y redes sociales que había sido citada por la FGR para rendir entrevista por el caso de la localización de un narco laboratorio que, por azares de la vida y derivado de un lamentable accidente, sacó a relucir la participación de agentes extranjeros.
De inmediato, empezaron a salir opiniones en el ciber espacio que victimizaban a la mandataria estatal, señalando que era ilegal citarla y que muy posiblemente sería detenida cuando se presentara a rendir su entrevista.
Los comentarios también apuntaban en el sentido de que el piso no era parejo ya que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, no habría sido citado a comparecer y que, como parte de una persecución política, solamente ella había sido notificada para comparecer ante el ministerio público.
Sin embargo, de manera oficial se dio a conocer que ambos mandatarios, además del senador Enrique Insunza, fueron citados a rendir entrevista ministerial y que inclusive, Rocha Moya habría sido citado antes que Campos Galván.
Si bien es cierto que la inmunidad procesal, como la misma palabra lo dice, protege a servidores públicos como legisladores o gobernadores para no ser procesados penalmente, tampoco les prohíbe poder presentar la información con la que cuenten para el esclarecimiento de los hechos.
Démosle tiempo al tiempo, veamos cómo se presentan las cosas ahora que los servidores públicos rindan su declaración y se confirme si la calidad de testigo, bajo la cual fue citada la gobernadora, cambia una vez que se presente y se le detiene sin una orden de aprehensión ni un juicio de procedencia como falsamente se ha querido instalar entre la opinión pública. Ahí veremos quién miente.
Dividiendo… Cuba entre la asfixia y la transición
Lentamente la tensión entre Cuba y Estados Unidos va entrando a un callejón sin salida. Ya no se trata únicamente del viejo intercambio de sanciones, guerra de declaraciones y acusaciones diplomáticas que durante décadas definieron la relación entre Washington y La Habana.
Lo que empezó como el endurecimiento político de la administración Trump, ha comenzado a mostrar componentes económicos, judiciales, energéticos y militares mucho más complejos. En cuestión de días, Washington formalizó cargos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996; incrementó sanciones contra estructuras vinculadas al aparato militar cubano; y reforzó su presencia naval en el Caribe con el despliegue de buques y grupos de ataque cercanos al estrecho de Florida. Todo esto ocurre mientras Trump insiste públicamente en que su intención es “ayudar al pueblo cubano” y abrir una nueva etapa para la isla.
La narrativa estadounidense busca construir una diferencia muy clara entre Cuba y el régimen cubano. Para la Casa Blanca, el problema no serían los ciudadanos sino la estructura política y económica que controla el país desde hace décadas. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha repetido que conglomerados militares como GAESA concentran buena parte de la actividad económica de la isla y terminan absorbiendo recursos que nunca llegan realmente a la población.
La señal más clara de ese endurecimiento fue el arresto en Miami de Adys Lastres Morera, hermana de una alta directiva de GAESA. La detención mostró que la estrategia estadounidense ya no se limita a presionar instituciones, sino también a cercar las estructuras familiares y financieras asociadas al poder en la isla. Bajo esta lógica, la presión económica tendría el objetivo de debilitar el aparato político-militar para abrir espacio a reformas económicas y eventualmente una transición política. La estrategia recuerda inevitablemente al modelo aplicado contra Venezuela durante los años más duros de Nicolás Maduro: sanciones financieras, aislamiento internacional, presión energética, acusaciones judiciales y despliegues militares disuasivos en la región.
Cuba, sin embargo, tiene diferencias importantes respecto al modelo venezolano. El aparato de inteligencia y control político de La Habana tiene décadas de consolidación institucional. El Partido Comunista mantiene una estructura mucho más centralizada. Y el peso histórico y simbólico de la Revolución Cubana sigue siendo icónico en América Latina.
Existe un problema evidente. Mientras Washington asegura querer rescatar al país, la realidad cubana atraviesa uno de sus peores momentos en décadas. Los apagones masivos se han convertido en parte de la vida cotidiana. La escasez de combustible afecta el transporte, hospitales y producción. La falta de alimentos y medicinas continúa deteriorando el nivel de vida de millones de personas. Y la migración comienza a verse como la única salida para una población que apenas sobrevive con lo mínimo.
El contexto internacional actual torna la situación más delicada. Cuba vuelve a convertirse en una pieza geopolítica relevante en medio de la creciente rivalidad entre Estados Unidos, China y Rusia. Beijing ha fortalecido su presencia económica y tecnológica en América Latina durante los últimos años, mientras Moscú mantiene vínculos estratégicos con gobiernos adversarios a Washington. Para ambos países, cualquier incremento de la presión norteamericana sobre Cuba resulta también un mensaje geopolítico hacia el resto del continente.
México tampoco puede ver ese escenario con indiferencia. Un deterioro acelerado de Cuba tendría efectos inmediatos sobre la región: nuevas olas migratorias, presión humanitaria, tensiones diplomáticas y posibles impactos económicos en el Caribe y el Golfo de México.
Es difícil de predecir si Estados Unidos realizará una intervención directa. Los analistas lo consideran caro y riesgoso. Sin embargo, el verdadero cambio parece estar en el regreso de una lógica de presión hemisférica que muchos creían enterrada tras el fin de la Guerra Fría.
Multiplicando… Factoraje seguro, trazable e inteligente
Miles de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) en México cuentan con acceso limitado al crédito tradicional. Ante este obstáculo, el factoraje es una herramienta indispensable que permite convertir cuentas por cobrar en liquidez inmediata, ayudando a las empresas a crecer, invertir y mantener su estabilidad operativa sin comprometer su futuro financiero.
La digitalización y la trazabilidad son claves para impulsar el factoraje. En Chile y Colombia, este mecanismo se ha fortalecido mediante la factura electrónica y sistemas de validación que brindan mayor transparencia y reducen riesgos. Por el contrario, en nuestro país todavía es bajo el uso del factoraje, por lo que es necesario avanzar en la automatización, validación de facturas y reducción de trámites para fortalecer la inclusión financiera y elevar la productividad empresarial.
En este escenario, surge Círculo de Factoraje, una iniciativa de Círculo de Crédito, la sociedad de información crediticia, enfocado en fortalecer la infraestructura de información del mercado y facilitar operaciones más seguras, trazables y eficientes. El objetivo es, además de agilizar el acceso al financiamiento, construir un ecosistema financiero más sólido y transparente, donde las empresas puedan crecer con mayor confianza, respaldo tecnológico y visión de largo plazo.