No es la desigualdad económica, la impunidad, la corrupción, el tráfico de armas, la violencia de género o la falta de oportunidades, los factores que generan la violencia en México; no. Para el gobierno de México son los videojuegos.
Con el anuncio del Paquete Económico 2026, nos encontramos con la sorpresa de que el gobierno planea ponerle un 8% de impuesto a los videojuegos con contenido violento.
Aunque quién sabe quien defina eso, porque puede ser violento como Call of Duty, un juego de disparos, estilo bélico, en primera persona; o puede ser tan violento como el Super Smash Bros, que pone a pelear a todos los personajes de Nintendo.
Según la presidenta de México, “no se trata de prohibir”, sino de que la juventud le baje al tiempo que le destina a los videojuegos para que eso, a su vez, no se traduzca en un país violento.
Pero, ¿qué tanta relación hay?
Los investigadores de la Universidad de Oxford, Andrew K. Przybylski y Netta Weinstein, publicaron un estudio en la Royal Society Open Science: “El uso de videojuegos violentos no está asociado con el comportamiento agresivo de los jóvenes”.
En este estudio, no identificaron relación alguna entre el tiempo que pasaban jugando más de mil jóvenes de 14 y 15 años, con un comportamiento violento; es más, ni siquiera por el tipo de videojuego.
Lo que sí identificaron, es que durante el momento de la “partida” -es decir, mientras jugaban- los jóvenes desarrollaban un comportamiento competitivo, que incluía lenguaje inapropiado.
Pero nada más allá. Nada de que un juego de video hará que un joven tome un arma y cometa crímenes. No hay prueba sustentable alguna.
¿Qué es lo que sí hay detrás de este impuesto? El mercado de videojuegos en México es enorme y sigue creciendo.
Datos de PWC señalan que los ingresos totales en 2024 rebasaron los 1,270 millones de dólares; para el 2027, estiman que esos ingresos superen los 1,500 millones.
Además, en los últimos cinco años se han creado 67 empresas en ese sector; más de 2,400 empleos formales; y de 2022 a 2023 hubo una inversión de 70 mil dólares.
Cuando la deuda de un país se duplica en un lapso de ocho años, hay que rascarle de donde se pueda; eso sí, con excusa en mano, porque las pruebas, los hechos y los datos, ¿qué importan?
Seamos serios.