La muerte tiene permiso en territorio sinaloense. La narcoguerra que libran grupos delincuenciales por el control del estado, así como la indolencia y la ncompetencia de las autoridades que los combaten, ha creado un clima de psicosis y terror entre los ciudadanos.
Los muertos y las balaceras son cosas de todos los días, “se rompieron los códigos”, me dijo un amigo, que salió huyendo de Culiacán hacia Estados Unidos. El médico afirma: “en cualquier momento podía morir por una bala o ejecutado por no pagar el derecho de piso… mi familia estaba en riesgo”.
La realidad rebasó al gobierno de la #4Transformación. Sinaloa mantiene altos índices de violencia desde hace un año. La situación se recrudeció luego del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el enfrentamiento sostenido durante meses por los grupos criminales “Los Mayitos” y “Los Chapitos”
El saldo de esta confrontación ha dejado más de mil 900 homicidios y más de mil 400 personas desaparecidas, aunque colectivos de búsqueda advierten que esta cifra es del doble. Además de, delitos violentos cuyas víctimas son personas de todas las edades.
Por ello, cansados y hartos de la violencia, cerca de 50 mil personas participaron en la “Gran Marcha Ciudadana por la Paz”, organizada por colectivos y organizaciones ciudadanas como Coparmex Culiacán, Ciudadanos Unidos A.C., México Digno A.C., Poder Ciudadano A.C. y Vía Familia, entre otros, con el objetivo de exigir seguridad y paz en el estado.
Con mensajes como: “en Culiacán somos más los buenos”; “Sinaloa es nuestro hogar”; “Fuera Rocha”; “El narco no manda”; “Yo perdí un hijo”; “Quiero vivir, no sobrevivir” y “el miedo se vive en Culiacán”, los ciudadanos alzaron la voz para denunciar la inseguridad que agobia a todo el estado y la incapacidad del gobernador Rubén Rocha.
Un mandatario que admite el fracaso de gobierno para garantizar la paz: “No tengo más que decir: efectivamente no tenemos paz en Sinaloa, todavía no la hemos conquistado, tienen razón los que se manifestaron ayer”. ¡Vaya consuelo!
Basta recordar que, Rubén Rocha está acusado por el “Mayo Zambada”, de participar en su secuestro y de complicidad en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La narcoguerra también impacto en la economía, tras un año de violencia, con pérdidas estimadas en 30 mil millones de pesos, de acuerdo con Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de COPARMEX Sinaloa.
Los negocios más afectados son los restaurantes, hoteles, empresas de eventos, bienes inmuebles, comercios y escuelas privadas. La inseguridad ha generado miedo y psicosis entre la población, lo que ha limitado la actividad laboral y comercial.
Martha Reyes, lo describe así: “La inseguridad se metió en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestras empresas, y necesitamos irla quitando de ahí para poder recuperar la paz que nos robaron hace un año”.
Sin duda, un gran reto para gobierno y sociedad civil, prueba de ello la vigilia que organizaron madres buscadoras con 5 mil velas frente al Palacio de Gobierno de Culiacán. El Colectivo Sabuesos Guerras realizó esta manifestación pacífica para exigir seguridad y apoyo en la búsqueda de las personas desaparecidas en la región.
Así las cosas, los más de tres millones de sinaloenses viven con miedo, ante la ausencia del Estado de Derecho en la entidad, que en homicidios pasó de 16.6 a 26.3 por cada 100 mil habitantes, es decir un incremento de 58% y eso sin contar la cifra negra: en Sinaloa sólo 5% de los delitos se denuncian.
¿Acaso cómo me confiara un ex secretario de Estado, es necesario refundar Sinaloa para poder rescatar al estado de las manos del crimen organizado que se apoderó del tejido social y de sus instituciones?
Vericuentos
Huachicol a la #4T
Tanto lo negaron desde el sexenio pasado que ahora, el huachicol fiscal, regresa como un boomerang y arrasa con lo que encuentre a su paso en el gobierno de la #4T. Para empezar, la reconocida y respetada Secretaría de Marina, donde el ex secretario Rafael Ojeda y sus sobrinos, son las cabezas visibles del delito y en dos días, dos muertes de marinos en situaciones sospechosas. En el Congreso, senadores de oposición exigieron que se lleve a cabo una investigación a fondo, tope donde tope, sobre la red que operaba en la aduana de Tampico, Tamaulipas. Ricardo Anaya, coordinador panista advirtió que se trata de un escándalo de corrupción brutal, por el orden de los 170 mil millones de pesos, que supera por mucho el de Segalmex o la “Estafa Maestra”. Además, más de uno exige que el expresidente Andrés Manuel López Obrador rinda cuentas por este caso, ya que, recordó, él mismo dijo que siempre que había corrupción a gran escala el propio titular del ejecutivo estaba enterado. ¡Sopas!
Ley contra la extorsión
¡Por fin! La Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra el Delito de Extorsión que permitirá la persecución de oficio a dicho acto ilícito. El proyecto de decreto pasó al Senado para su análisis y eventual aprobación. Urge que la ley avance pues hay ocho entidades que representan más del 50 por ciento de las extorsiones a nivel nacional. Los ciudadanos de: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, son víctimas de éstos delincuentes. ¡Uff!
@guillegomora