No hay margen de negociación, el “impuesto criminal” avanza como la humedad en todo el país. Los mexicanos nos hemos convertido en rehenes del crimen organizado, el “cobro de piso” se padece en todos los sectores económicos y productivos del país. Desde una parcela, una miscelánea, una tortillería, un puesto en un mercado público, los transportistas, hasta grandes corporativos.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que ocho estados concentran el 66% de los casos de extorsión a nivel nacional tras la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero, recibirán una “atención prioritaria” para combatir ese delito.
Aquí, hemos denunciado el “narcoimpuesto” que impone el crimen organizado a los productores de limón y aguacate en Michoacán desde hace años. También hemos dado cuenta de las “cuotas” que pagan los transportistas en el Estado de México, Michoacán, Hidalgo y Guerrero, para poder trabajar. O en los mercados, donde obligan a los comerciantes a vender productos a determinados precios, como el kilo de tortilla.
La extorsión es el quinto delito del fuero común que más se comete, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo entre enero y mayo de 2025 se registraron más de 3 mil 800 víctimas de este delito, lo que representa un incremento del 26 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), denunció que: “Los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general, incluidos migrantes: Bajo la apariencia de protección imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos”
Incluso, la Coparmex, señaló que los empresarios que no “cooperan” con la cuota cobrada por las bandas criminales terminan por cerrar sus negocios o se vuelven víctimas de secuestros y homicidios. Además, reveló que hay servidores públicos que exigen sobornos y extorsionan para evitar sanciones a las empresas y pequeños negocios. La clásica “mórdida”.
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) presentada por el Inegi en 2024, destaca que en 2023 se estimó que 1.3 millones de unidades económicas fueron víctimas del delito, afectando al sector comercio, de servicios y la industria.
Lo inconcebible se registró en Tamaulipas, cuando se reportó que grupos criminales cobran 100 pesos mensuales a las personas por conservar árboles en sus viviendas, bajo la amenaza de ser talados si no pagan.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, me comentó en una entrevista que “La extorsión presencial produce una pérdida del control territorial y queda en manos de los delincuentes, no del estado… Controlar a comerciantes, transportistas, productores, genera una red de complicidad, de control en ese territorio que lleva a homicidios, trata de personas, violencia”.
Este delito le cuesta cada año a la economía mexicana 226,000 millones de pesos, equivalente a 1.25% del Producto Interno Bruto.
Quizá, por ello, Omar García Harfuch anunció que el próximo primero de agosto se pondrá en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que pretende combatir ese delito y se habilitará el número 089 para recibir denuncias anónimas.
Así las cosas, la extorsión se ha convertido en la ley del miedo, ante unas autoridades incapaces, omisas e indolentes y en algunos estados del país cómplices de los delincuentes. En el México real, el crimen organizado y corrupción van de la mano de la impunidad. ¿Hasta cuándo seguiremos pagando la factura con vidas humanas y restricción de libertades?
Vericuentos
“Ser niña en México”
El estremecedor asesinato de 3 niñas en Sonora, nos debe llevar a la reflexión y la acción para evitar estos actos tan aberrantes que confirman la descomposición social en el país. Hablar de feminicidio infantil es una tragedia y una muestra evidente de la falta de protección a nuestros infantes. Datos de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), revelan que más de 1,000 niñas, niños y adolescentes son asesinados cada año. Normalizar estos hechos nos puede llevar a una espiral con terribles consecuencias para todos. #BastaYa
Desplazados por violencia
En México también se libra una guerra no declarada, desde hace años por grupos del narcotráfico y el crimen organizado. Miles de ciudadanos han muerto o se han visto obligados a dejar sus hogares y negocios para salvar la vida y rescatar algo de su patrimonio. El informe “Travesías forzadas: desplazamiento interno en México” del programa de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, en colaboración con ACNUR, revela que, durante 2024, al menos 28 mil 900 personas fueron forzadas a huir de sus hogares en 72 eventos de desplazamiento interno registrados en 13 estados del país. Los desplazamientos se intensificaron en el segundo semestre del año, con una importante participación de grupos criminales y violencia de género. ¡Uff, una tragedia!
@guillegomora