El 25 de junio de 2025, la presidente Claudia Sheinbaum, en su mañanera, informó que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había designado a tres instituciones financieras mexicanas por estar involucradas con lavado de dinero, y decía ella muy enojada que los Estados Unidos no tenían ninguna evidencia de ello y vociferaba que México no podía usarse como piñata.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) no usa a México como piñata. FinCEN es una división dentro del Departamento del Tesoro establecida en 1990 como una unidad de recopilación de información de inteligencia para detectar, investigar y prevenir lavado de dinero y otros delitos financieros. La misión de FinCEN se centra en combatir el lavado de dinero, investigando y verificando que los bancos cumplan con la Ley del Secreto Bancario y con todos los reglamentos para combatir delitos financieros.
En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de diversos organismos, leyes, regulaciones y decretos, supervisa las operaciones de instituciones financieras para prevenir actividades ilícitas, minimizando los riesgos de lavado de dinero y financiación al terrorismo.
Es obligación de las instituciones financieras, tanto en EUA como en México, reportar transacciones con bancos y cuentas en instituciones financieras en el extranjero, así como reportar actividades sospechosas, mantener expedientes de todas las transacciones de los clientes y verificar la identidad de los clientes para evaluar su comportamiento y riesgos financieros.
Un ejemplo de la supervisión y fiscalización del FinCEN sobre la industria financiera involucra al TD Bank, N.A., con sus oficinas principales en Toronto, Canadá, y el décimo banco más grande de los Estados Unidos. El 10 de octubre de 2024, TD Bank se declaró culpable y acordó pagar más de $1.8 mil millones de dólares en multas para cerrar la investigación del Departamento de Justicia por violaciones a la Ley de Secreto Bancario y lavado de dinero. El TD Bank admitió que deliberadamente el banco no implementó, ni mantuvo un programa que cumpliera con los requisitos mínimos que toda institución bancaria debe cubrir para prevenir el lavado de dinero y que tampoco cumplió con las regulaciones de implementación del FinCEN. La investigación de FinCEN reveló que TD Bank sabía que su programa para prevenir el lavado de dinero no estaba diseñado adecuadamente, ni contaba con los recursos adecuados para mitigar los riesgos financieros ilícitos reales que enfrentaba en múltiples frentes. TD Bank aceptó que tenía cuentas de clientes con actividad que involucraba a países de alto riesgo y que no tomó medidas oportunas, además de que TD Bank tampoco detectó actividades sospechosas que involucraron a sus propios empleados. FinCEN reportó estas irregularidades al Departamento de Justicia, agencia federal encargada de investigar delitos federales.
El 25 de junio, FinCEN emitió tres órdenes regulatorias a las siguientes instituciones financieras con sede en México por incumplir con sus regulaciones: CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. FinCEN manifestó estar preocupado que pueda existir lavado de dinero involucrando el tráfico ilícito de opioides por lo que la orden prohíbe a todas las instituciones financieras en los Estados Unidos de mandar o recibir fondos de estas tres instituciones financieras. Estas órdenes regulatorias son las primeras acciones del FinCEN de conformidad con la nueva Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl promulgadas en abril del 2024, otorgando al Departamento del Tesoro armas adicionales para prevenir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
FinCEN argumenta que las tres instituciones financieras mexicanas desempeñaron un papel importante en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo. FinCEN, usando por primera vez la nueva ley contra el fentanilo, prohíbe a las instituciones financieras norteamericanas el recibir y/o transmitir fondos de estas tres instituciones financieras mexicanas. El secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, afirmó su compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican fentanilo y otros narcóticos.
Según la información recientemente publicada por FinCEN, estas acciones se tomaron dentro del contexto amplio de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos sellos distintivos incluyen una estrecha colaboración y un intercambio oportuno de información. Estados Unidos y México están comprometidos con tener sistemas financieros con fuertes controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para proteger a sus ciudadanos de las amenazas financieras ilícitas de los cárteles que trafican fentanilo y otras drogas.
FinCEN argumentó que, con base en información pública y confidencial a la que FinCEN tiene acceso, Vector estaba involucrado en procesar y transferir fondos que financiaron la importación de productos químicos de China para la producción de opioides sintéticos ilegales por los carteles con base en México, incluyendo al Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo. FinCEN argumenta que entre 2013 al 2021, individuos conectados con el Cartel de Sinaloa emplearon varios métodos para enviar más de $2 millones de dólares a través de Vector a compañías con base en EUA. Además, la orden administrativa de FinCEN, describe cómo Vector había procesado la transferencia de $1 millón de dólares de compañías con base en México a compañías con base en China que habían mandado a México precursores químicos con fines ilícitos. La orden administrativa del FinCEN a Vector se publicó en: https://www.federalregister.gov/d/2025-11991.
México ha firmado varias convenciones para combatir el lavado de dinero. Entre las más importantes se encuentra la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), que México ratificó en 2001. Esperemos que la presidente Sheinbaum tenga presente esta Convención, así como el Código Penal Federal y coopere con EUA a ampliar las investigaciones y a imponer las penas que correspondan a quien resulte responsable.
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