Llama la atención la cantidad de prejuicios y lugares comunes que predominan en la mayor parte de los análisis que se publican en torno a la transición política que vivimos. La pretensión de comparar y analizar el actual proceso de transición con los anteriores lleva a conclusiones tan descabelladas y totalmente equivocadas como aquellas que aseguran que nos encontramos a la deriva autoritaria o las que de plano decretan la muerte de nuestra democracia. Nada más alejado de la realidad política del país y de la percepción mayoritaria de la gente.
Precisamente por seguir interpretando los fenómenos políticos con los antiguos lentes es que nuestra distinguida comentocracia y nuestra proverbial oposición llevan seis años equivocándose, tanto en sus análisis como en sus estrategias y tácticas políticas. Y lo siguen haciendo.
La realidad política es contundente: El 2 de junio de 2024 el poder soberano, el pueblo, le otorgó el poder reformador a Claudia Sheinbaum y al movimiento que la impulsa para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública en el país. Una mayoría, nunca vista en tiempos de la alternancia política, le dio la presidencia de la República y la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para llevar a cabo el Plan C.
Solo nuestros especialistas, comentocratas y opositores se llaman a sorpresa y exhortan a la generosidad política a la apabullante mayoría frente a la cada vez más reducida minoría. Atrapados en su laberinto, se ilusionan creyendo que todavía pueden detener, atemperar o bajar la velocidad a las reformas programáticas del Plan C. Lo que perdieron en las urnas lo quieren ganar en los medios corporativos, en los foros de análisis y en las mesas de negociación. A nombre de la democracia pretenden que se desconozca y traicione a la voluntad mayoritaria del 2 de junio. Negacionistas, no entienden que la gente ya votó y aprobó las reformas.
Oposición y comentocracia tampoco entienden que fue su pésima estrategia política y mediática la que dio origen e impulso al Plan C. El plan original, el A, consistió en procesar reformas constitucionales mediante el debate legislativo. Los medios corporativos denunciaron la regresividad de las reformas y la oposición rechazó todo acuerdo en los primeros años del gobierno de López Obrador. De hecho, en un acto que constituye más un berrinche antidemocrático, que una eficaz táctica política, el 8 de junio de 2022 proclamaron públicamente una moratoria constitucional, cuyo primer punto señaló “en lo que resta a la LXV Legislatura, es decir, hasta 2024, los grupos parlamentarios de PAN, PRI, PRD no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. No calcularon que, con su berrinche, perdían la oportunidad de discutir e incidir en las reformas.
Ante la moratoria constitucional de la oposición, López Obrador decidió avanzar en su proyecto transformador a través de reformas a las leyes constitucionales. AMLO nunca contó con los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales, pero sí tenía los suficientes para reformar leyes. Así lo hizo. Como Plan B, con su mayoría simple, gestionó y reformó ciertas leyes secundarias. Sin embargo, ahora fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la encargada de bloquear estas reformas al declararlas inconstitucionales el 8 de mayo de 2023. Medios y jueces, el clásico uno-dos del lawfare, fueron implacables. Recordemos que dos jueces tiraron la reforma a la ley eléctrica aprobada por el Congreso argumentando el derecho humano a la ganancia y, claro, fallas en el procedimiento. Ahí nació el Plan C.
Como respuesta a la decisión de la Suprema Corte, un día después, el 9 de mayo de 2023, en su Mañanera, el presidente López Obrador anunció: “ahí viene el C. No tiene remedio el poder judicial, está actuando de manera facciosa…Imagínense componerle la plana al poder legislativo…Al poder ejecutivo lo elige el pueblo…al poder legislativo lo mismo. El poder ejecutivo y el poder legislativo nombran a los ministros de la Corte…que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, …deciden que una ley no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos… ¿Qué…hacer? Primero, que se tenga mayoría calificada en el congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución…Hay que ir por los 334 (diputados) en la próxima elección, para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el Plan C. Voy a enviar…reformas constitucionales. La del poder judicial, para que el pueblo elija a los ministros…” Medios, oposición y la Suprema Corte no lo tomaron en serio. Nunca creyeron que esta propuesta programática tuviera la fuerza suficiente para movilizar a una inmensa mayoría de ciudadanos y menos aún si Morena ni siquiera tenía canidat@ presidencial.
Cuando el 5 de febrero de 2024 López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales, la comentocracia, la oposición y la Corte tampoco lo tomaron en serio. Estaban convencidos que el pueblo estaba harto de AMLO y que la gente de bien añoraba los gobiernos prianistas. Para discutir la reforma judicial planteada en el Plan C, la Cámara de Diputados organizó 45 foros de consulta y debate. Evidentemente la Suprema Corte no atendió la convocatoria para participar en este diálogo democrático para discutir una eventual reforma al poder judicial. No tenía caso. Morena y sus aliados no tenían los votos para procesar una reforma constitucional y, además, los sesudos analistas proclamaban la imposibilidad de que los partidos oficialistas la obtuvieran en las urnas. Nuevamente dejaron pasar la oportunidad para reflexionar públicamente sobre el futuro del poder judicial. Se volvieron a tropezar con la misma piedra y volvieron a perder la oportunidad de incidir en su propio destino. También perdieron todas las quinielas. Y las van a seguir perdiendo en su absurdo alegato en torno a la sobre representación para que Morena no tenga la mayoría calificada en las Cámaras.
Con su arrogancia y soberbia comenotcracia, oposición y Suprema Corte generaron y consolidaron el Plan C. En la actual correlación de fuerzas su participación e incidencia en el presente político del país es, en el mejor de los casos, testimonial. Es lo más que pueden lograr con su participación en los actuales Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial convocado por el Congreso de la Unión. El 2 de junio de 2024 la voluntad soberana rompió el último dique que habían construido, con campañas negativas y chicanadas legaloides, para detener la Transformación. La legitimidad de Claudia Sheinbaum, Morena y aliados está indisolublemente ligada al Plan C.
La transición política del 2024 es la consolidación de la 4T mediante la construcción de su segundo piso. El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, así lo entienden y por eso trabajan de manera coordinada. Ambos protagonizan un proceso de entrega-recepción nunca visto. Viajan juntos para conocer a detalle qué se hizo, qué se está haciendo y qué se puede seguir haciendo. Acuerdan los tiempos, ritmos y modalidades de las reformas legales, administrativas y financieras que habrán de marcar la vida del país en el corto plazo. AMLO y Claudia ya están gobernado juntos. El Plan C ya está en marcha.
El PAN, el PRI y la Suprema Corte perdieron. El primer paso para rearmarse es reconocerlo. Pero no se ve claro. En el PAN no tienen prisa, en el PRI se quieren reelegir, en la Suprema Corte el cambio es inevitable. El PRD simplemente desapareció. Desafiando los calendarios convencionales, cada día se alejan más de la próxima elección. Por su lado, es previsible que arrecien las campañas negativas en algunos medios de comunicación y aparezcan nuevos con ese propósito. Ya sin la Suprema Corte, es de los pocos recursos que le quedan a cierto sector de nuestra oligarquía política y económica para hacer presión. No cabe duda, vivimos tiempos interesantes.