Hace una semana, en este mismo espacio referí el mes del Hábitat y las ciudades, anotando los retos que enfrenta el planeta al urbanizar cada vez más y de forma acelerada zonas rurales y agrícolas, con una fuerte tendencia a disminuir las regiones y superficies alimentarias en el mundo. Otro tema, consecuencia del crecimiento de zonas metropolitanas es la vivienda.
Vivir en una ciudad no es lo mismo que habitarla, y la Ciudad de México como su zona conurbada enfrenta uno de sus retos históricos más complejos: el ordenamiento, la planeación y la cobertura de servicios básicos elementales: agua, servicios, movilidad, seguridad y vivienda. Me detengo en este último tema que deriva y sintetiza lo que implica habitar las urbes. La demanda social de esta metrópoli es la vivienda social, es decir, las familias o parejas e incluso las personas solas de medio y bajos recursos económicos –que abarca el 56% de los habitantes de la megalópolis –requieren de una vivienda social.
Hasta hoy día, los estudios nos revelan que los inventarios inmobiliarios que más se han desarrollado en nuestra ciudad no están atendiendo las necesidades de un sector más amplio de población, entre ellos los jóvenes, quienes experimentan la desigualdad económica, el bajo acceso a los créditos hipotecarios provocando una enorme brecha habitacional. Se vive la ciudad, pero resulta casi imposible habitarla. A pesar de que es un derecho constitucional la vivienda y la équidas social.
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Según el informe del estudio de vivienda que realizó en 2023 el laboratorio de Economía Urbana del Instituto de Tecnología de Massachusset revela que las grandes urbes de América Latina -como es la Ciudad de México– requieren de 800 mil viviendas anuales de tipo social para atender la demanda de los jóvenes a un inmueble digno y con los mínimos recursos de infraestructura metropolitana: infraestructura de bajo impacto ambiental , sustentable, con servicios y cobertura garantizada (agua, drenaje, saneamiento público, alumbrado, áreas verdes); movilidad integral e incluyente (sistemas de transporte seguros, eficientes y de bajo impacto ambiental) y esquemas crediticios de vivienda de primera adquisición (menos tasas de interés hipotecaria, atención a poblaciones de economía informal y de inicio de vida laboral).
Por otro lado, la ONU-Hábitat ha presentado resultados de sus análisis sobre retos de vivienda en México y arroja datos que dan luz sobre el complejo esquema inequitativo inmobiliario en nuestro país y en especial en las grandes ciudades. Este informe señala que al menos el 38% de la población vive en una vivienda no adecuada, es decir en condiciones de hacinamiento, hecha de materiales poco duraderos o que carece de servicios mejorados como el agua y saneamiento. Sumando que mucha de la vivienda social o de bajo costo se encuentra alejada de zonas de trabajo, educativas o en suelos de riesgo y factores de la tierra con elementos de precariedad y vulnerabilidad, representando un reto de inclusión social, crecimiento económico, protección ambiental o sistemas de movilidad pública y seguridad.
En este contexto, la nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha planteado un plan maestro de territorializar la política pública de su gestión y para ello promovió la creación de la Secretaría de la Vivienda, del Agua y la Secretaría de Planeación, Ordenamiento territorial y Coordinación Metropolitana a cargo del Lic. Alejandro Encinas y entre su equipo Inti Muñoz y el Mtro. Emmanuel León Martínez, quien ha impulsado proyectos de estudio sobre cómo atender la demanda de vivienda social, que es el primer programa con que comienza esta nueva dependencia metropolitana. Demos seguimiento a las acciones, programas y desarrollo porque nuestra ciudad requiere un nuevo enfoque y esquemas de orden metropolitano.
Abramos la discusión: @salmazan71