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Ningún presidente de los Estados Unidos de América, en los anales de la historia, había sido acusado penalmente. Ahora, Donald Trump tiene cuatro diferentes imputaciones penales, acusándolo por haber cometido 91 delitos, entre los que se encuentran la acusación de haber participado en la insurrección de enero 6, donde (la pretendida toma del Capitolio), en la que buscó dar un golpe de estado , incitando a las masas para recuperar el voto que vociferaba le había robado Biden. Así las cosas, en agosto de 2023, en Washington, D.C., Trump fue acusado penalmente por el fiscal Jack Smith por haber cometido 4 delitos en los intentos de anular la elección del presidente Biden. Se le acusa de conspiración para defraudar al gobierno, conspiración para privar del derecho al voto a los ciudadanos, conspiración en la obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración en contra de derechos. Trump argumentó en su defensa que tiene inmunidad absoluta y que no puede ser acusado, que todas sus acciones del 6 de enero de 2021 fueron actos presidenciales oficiales y que, por lo tanto, el fiscal tiene la obligación de desistirse de la acción penal atendiendo a los principios generales del proceso penal establecidos.
La juez federal de distrito Tanya Chutkan, consideró que la defensa que presentó Trump no era válida, ya que el expresidente le pedía a la juez que le transmitiera "el derecho divino que tienen los reyes para evadir la responsabilidad penal que rige a todos sus conciudadanos". Trump apeló esta resolución ante el Tribunal Colegiados de Apelación para el Distrito de Columbia que se integra por tres magistrados y es considero el segundo tribunal de apelación después de la Suprema Corte de Justicia más importante en los Estados Unidos. Entre los tres magistrados presentes el día de la audiencia se encontraba la magistrada Florence Pan, quien retomo el punto sobre el "derecho divino de los reyes" preguntando al abogado de Trump Lic. Sauer: “¿Entiendo que su posición es que un presidente es inmune a ser acusado penalmente de cualquier acto oficial, incluso si esa acción se toma con un propósito ilegal?” El abogado le respondió señalando que un presidente solo podría estar sujeto a una acusación penal si primero es acusado en la Cámara de Diputados y condenado por el Senado en un proceso político (impeachment).
Sin embargo, el Lic. Sauer tuvo problemas con su argumento ya que la Constitución en su Artículo I, Sección 3, Cláusula 7, claramente establece que la persona condenada deberá de ser destituida del cargo honorífico o cargo público y está prohibida de por vida a ocupar cualquier cargo dentro del gobierno federal. Además, de manera clara y precisa este Artículo I de la Constitución estipula: “además de ser destituido el culpable estará sujeto a que también se le acuse penalmente, enfrentando en un procedimiento penal los cargos que se le imputen y a que se le condene o exonere en su caso de acuerdo con la ley”.
La magistrada Pan insistió en el peligro del argumento del abogado de Trump cuando le preguntó si "podría ser acusado penalmente un presidente que ordenó que asesinaran a un rival político". El Lic. Sauer insistió en su postura y reiteró que un presidente solo podía ser acusado penalmente si primero era acusado, condenado y destituido de su cargo por el Congreso en un juicio político (impeachment). La magistrada Pan insistió que la ley es clara y que ningún funcionario del gobierno federal incluyendo al presidente es inmune, enfatizando que nadie está por encima de la ley.
La defensa de tener inmunidad absoluta que argumenta Donald Trump parece que pronto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia, con máximas consecuencias tanto para él como para el futuro de la democracia estadounidense, pero una vez más, Trump ha logrado convertir el proceso judicial en una arma para su propio beneficio, utilizando la táctica de retrasar, aplazar, prorrogar y diferir que aprendió a usar hace más de 50 años cuando él y su papá Fred Trump fueron demandados por el Departamento de Justicia quien argumentó en aquel entonces que los Trump sistemáticamente violaban la ley al no aceptar rentar a una persona afroamericana ninguno de los 14,000 apartamentos que tenían en New York. En aquel entonces Donald Trump contrató a Roy Cohn famoso abogado quien había trabajado para el Senador Joseph McCarthy en 1950 acusando a quien se le ponía enfrente de pertenecer al partido comunista. La defensa que Roy Cohn utilizó para defender a los Trump fue que contrademandó al Departamento de Justicia por difamar a sus clientes, llegando a un acuerdo después de dos años de litigio. Este modus operandi lo sigue aplicando Trump hoy, con la estrategia de alargar al máximo el procedimiento judicial y de querer ser el campeón del mundo rompiendo todos los récords.
¿Será Trump declarado culpable de provocar la insurrección antes de las elecciones para presidente? ¿Podría llegar a ser electo presidente antes o después de ser declarado culpable? ¿Podrá la democracia sobrevivir todos estos golpes? O diremos lo que Cicerón preguntó en memorable ocasión: ¿Hasta cuándo Catilina abusaras de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía tuya?
Mientras en México muy democráticos como las tortugas ya terminaron las precampañas y ahora solo esperaremos el impase y pronto el inicio de la campaña.
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