En números gordos, el Presidente de la República goza de un 60% de popularidad y un 40% de impopularidad, que se han mantenido más o menos constante a lo largo del sexenio. Estas cifras admiten una lectura optimista: la mayoría de los mexicanos aprueban la gestión presidencial. Pero también admiten una lectura pesimista, a pesar del dominio de la narrativa, de los programas sociales y de la reducción de la pobreza, el 40% de los mexicanos desaprueban la gestión presidencial. La relativa inmovilidad de las cifras revela un país profundamente polarizado. Ni unos ni otros están dispuestos a cambiar de opinión.
Gracias a ese 60% de popularidad, el Presidente ha gobernado el país con mano firme. Junto con los partidos satélites de Morena, el Ejecutivo Federal cuenta con la mayoría simple en el Congreso Federal y no necesita de negociar con la oposición en casi ningún tema. Tales números sugieren que Morena ganará la elección presidencial; si bien al candidato presidencial del oficialismo le costará remontar el 53.20 % con el que Obrador ganó la elección del 2018. De ahí la importancia estratégica para Morena de pulverizar el voto de la oposición en la elección presidencial. Si Movimiento Ciudadano lanza un candidato presidencial, Morena ganará con cierta holgura la Presidencia.
Concedamos que Obrador consigue que su 60% de aprobación se traduzca directamente en un 60% de votación por Morena y sus aliados en las elecciones federales, estatales y municipales del 2024. Esto es, que el candidato presidencial morenista supere la marca de Obrador en 2018 y que ello se refleje en las elecciones legislativas.
Te podría interesar
Sin embargo, a pesar de dicha popularidad traducida en votos, el presidente ni su sucesor contarían con la mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución. Obrador lo ha dicho con toda claridad: quiere reformar a profundidad el Poder Judicial, el sistema electoral y desaparecer algunos organismos autónomos. Su proyecto, lo ha comentado en diversos momentos, está inconcluso si no desmantela ese andamiaje constitucional del pasado “neoliberal”. Para ello, necesita una mayoría calificada de la que actualmente carece. El presidente necesita dos terceras partes del Senado, dos terceras partes de Diputados, y la mayoría simple de los Congresos estatales para reformar la Constitución. La mayoría en los Congresos locales ya la tiene y, seguramente, la conservará. El quid son Diputados y, sobre todo, Senadores.
Las elecciones en el Estado de México, ensayo general de las elecciones federales de junio de 2024, permiten suponer que el Presidente y su partido difícilmente lograrán ir más allá del 60%. Delfina Gómez ganó la gubernatura del Estado de México con un 53% de los votos, un número nada malo, pero insuficiente para los propósitos presidenciales. En consecuencia, Obrador ha urgido a sus seguidores a ir por el carro completo en el Congreso Federal. Sin la mayoría calificada, la Suprema Corte y los organismos autónomos seguirán siendo un incómodo contrapeso para el nuevo presidente de México.
Te podría interesar
El presidente, hombre sagaz, prevee este escenario. Sabe que difícilmente conseguirá la mayoría calificada para emprender las reformas constitucionales en esa ventana de tiempo que le queda, cuando aún sea Presidente, pero la nueva Legislatura ya esté en funciones (lo que, dicho sea de paso, presenta aristas jurídicas, pero ese es otro asunto). El escenario ideal para Obrador, así lo ha declarado, es que, estando él en funciones hasta el 1 de septiembre, tenga un Congreso de mayoría morenista a partir del 1 de agosto del 2024. El presidente tiene una valiosa ventana de acción de un mes. Durante ese lapso, podría reformar a profundidad la Constitución valiéndose de todo su capital político, supuesto un triunfo arrollador en las elecciones. De esta manera, dejaría, el camino perfectamente pavimentado para su sucesor en la presidencia. No obstante, insisto, este escenario, si bien no es imposible, no es plausible. El famoso 60%/40% no le dan para ello.
Hay, sin embargo, otra ventana de oportunidad para el presidente. En la noche del 2 de junio de 2024, los mexicanos ya conoceremos grosso modo el resultado de las elecciones. ¿Se imaginan a los legisladores de oposición que aún estén en funciones? Seguirán ocupando su cargo en junio y julio. Pero si las elecciones federales no favorecen decididamente a sus partidos, muchos de esos legisladores se encontrarán desempleados para agosto de 2024 y con pocas posibilidades de conseguir un puesto en el gobierno. ¿Cuál será su futuro político a partir de septiembre del 2024 cuando entre en funciones el nuevo presidente?
Al grito de “sálvese quien pueda”, no me extrañaría que algunos senadores comenzarán a negociar con Morena su voto a cambio de alguna embajada o un puesto menor en la nueva administración federal. Estos legisladores de oposición, que hasta ahora han bloqueado las reformas constitucionales, tendrán durante unas semanas el poder de cambiar el sentido de su voto y apoyar al saliente Presidente. Los senadores que hasta el día de hoy han votado en contra de las reformas constitucionales promovidas por Obrador, serán personajes especialmente frágiles y vulnerables frente las posibles ofertas Morena. La tentación será grande: votar por las reformas constitucionales de Obrador en junio-julio a cambio de algún puesto en el sexenio 2024-2030. ¿Tendrán el temple los senadores de la oposición para resistir las eventuales ofertas del Presidente saliente? ¿Seguirán los legisladores de oposición siendo consistente hasta el último momento? ¿O cambiarán de opinión política y cambiarán de barco durante los últimos días de su legislatura? ¿Ustedes qué piensan?