En días pasados, un grupo de activistas de la comunidad LGBTTTIQ+ irrumpieron en las instalaciones de Donceles, en el Congreso Local de la Ciudad de México, justo ese 21 de febrero dentro de la agenda legislativa se discutiría una iniciativa de ley que la militante panista América Rangel presentó donde pedía se legislara para prohibir que los menores de edad se sometan a tratamientos y cirugías para cambio de género o reasignación sexual, y a su vez, castigar con cárcel a quien realice los procedimientos quirúrgicos. Situación que provocó que miembros de la comunidad protestaran al exterior del cabildo y aquello desatara el enojo y la violencia por ambas partes: policías y manifestantes. La sesión fue suspendida, golpes, instalaciones dañadas y pintas el saldo. Peor aún, el freno a la discriminación transfobia y la protección a los derechos de la comunidad de la diversidad sexual siguen en manos del poder patriarcal, antiderechos.
En nuestro país, las personas trans sufren doble violencia: la de género y la social, porque aun cuando hay ciertos derechos que están protegidos y legislados en la práctica es una comunidad altamente vulnerada y violentada con mayor agresión y brutalidad que otros grupos LGBT. Por mencionar algunas cifras que nos permite entender la dimensión del problema sistémico que vivimos como sociedad patriarcal: 90% de trans no son contratadas en empresas y prácticamente viven del autoempleo y la prostitución. En las escuelas viven 3 veces más violencia física y psicológica que las personas de la diversidad sexual restantes, los servicios de salud están más limitados y son discriminadas por algunos servidores médicos cuando presentan algún problema físico o en el proceso de tratamiento hormonal para el cambio de sexo.
Debido a la precariedad en los sistemas educativos, laboral y de salud que enfrenta nuestro país para poder incluir en la actividad productiva y de cobertura de Derechos Humanos a la comunidad trans, el promedio de vida es de 38 años, según los datos de las recientes estadísticas de CONAPRED. Pero peor aún, es el nivel de discriminación que los propios grupos lésbico-gays promueven en contra de las personas trans que constantemente viven insultos como “vestidas con macana” o “ barbones con tetas”; a pesar que en nuestro país 20 entidades federativas ya han legislado sobre la identidad de género que reconoce el cambio de nombre, de género y el tratamiento médico-psicológico-quirúrgico en las clínicas públicas, todavía los servicios estatales ministeriales, laborales o educativos no han hecho los cambios en los espacios y capacitación a los servidores públicos para un trato digno y en estricto apego a la protección de los Derechos Humanos donde aún tenemos una enorme deuda en su cobertura.
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Uno de los grandes retos que las sociedad estamos enfrentando, sobre todo para las y los que nacimos en el siglo pasado donde la discriminación y violencia sistémica en temas de derechos humanos, diversidad sexual, de género y feminismo sigue siendo una práctica de conductas y esquemas patriarcales, el reconocimiento y respeto a la diversidad humana es prácticamente un tabú, un silencio y una variable inconcebible que deba legislarse, procurarse en un amplio sentido del respeto, la integración y protección de los derechos mínimos al sano y colectivo crecimiento social que comienza con nombrar, visibilizar su existencia y procurar por todos los medios de una cobertura integral de los derechos, aboliendo las conductas y acciones regresivas, discriminatorias y antiderechos que los partidos, dirigentes o instituciones sociales buscan negar o imponer su verdad como la única.
Abramos los espacios de reflexión, de protección e inclusión legislativa que reduzca la brecha de inequidad que aún la comunidad lgbtttiq+ sigue viviendo y reproduciendo como herencia de la educación heteronormativa, patriarcal y sistémica.
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