En el reciente informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la situación mundial de los Derechos Humanos, en nuestro país la violación a los elementos básicos de integridad de las personas donde se suman torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes o vulneración a la vida y trabajo profesional de activistas o periodistas sigue igual desde 2018 hasta la fecha en que el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha tomado la dirección del país.
A pesar de reformas, programas y comisiones por crear marcos jurídicos, institucionales y acciones para esclarecer desapariciones, aplicar justicia rápida y expedita en delitos de derechos humanos, aún en nuestro país, hay enormes vacíos en los trabajos y la impunidad sigue imperando en los casos apremiantes de resolución y esclarecimiento como es desaparición forzada de personas, feminicidios o ataques a periodistas independientes o defensores de derechos humanos. La justicia no alcanza a cubrir las exigencias de la sociedad. Los órganos autónomos se encuentran vulnerados y sus representantes responden más a intereses del Estado que de la sociedad.
Parte del informe que ha presentado la organización HRW, documenta la escasa justicia penal en México, apenas un 5.2% de los delitos cometidos en nuestro país son resueltos, y en gran medida se debe a los procesos administrativos que debe afrontar una víctima que promueven corrupción, falta de capacitación para atender debidamente un delito, falta de recursos y personal especializado, complicidad de los Ministerios Públicos y delincuentes o funcionarios abusivos y discriminatorios.
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Otro de los temas delicados y que han sido objetos de incremento del abuso y la violación de los Derechos Humanos en nuestro país ha sido la presencia y ampliación de las facultades de las fuerzas armadas den ejército mexicano en tareas de seguridad. Siendo las fronteras, las zonas de presencia del narcotráfico y las aduanas donde se es más susceptible de abusado del uso de la fuerza y la tortura como mecanismos para que detenidos confiesen o se obtenga información y muchas veces la detención es arbitraria, violenta e injustificada, revictimizando a las personas.
Con más de 130 colectivos que operan en nuestro país para la búsqueda de desapariciones forzosas en México –que según las cifras oficiales desde 2006 hasta 2021 hay cerca de 90 mil– nos habla del profundo y enorme problema que tenemos en toda la República Mexicana con varios vicios de fondo y forma como es un registro preciso, real y detallado de las personas registradas como desparecidas; en los servicios de medicina forenses locales una red digital de datos que permita a las personas e instancias encargadas de la búsqueda conocer la custodia de estos cuerpos que entre 2006 y 2020 cerca de 50 mil cuerpos están sen estos centros sin ser identificados adecuadamente.
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Lo que resume el informe HRW es que una de las líneas que explican este fenómeno de desatención a la protección y garantía de los Derechos Humanos en nuestro país como en muchas otras naciones que enfrentan un grave, profundo y doloroso calvario en la mínima seguridad humana tienen como común denominador ser gobiernos autócratas no democráticos y con sistemas poco autocríticos facilitando instancias con pocos ejercicio de autoevaluación y corrección de esquemas o servicios para dar resultados, aun cuando simulan en el discurso ser democráticos las elecciones son una parodia la represión es una sutil forma de ir disuadiendo la discusión a través de los usos de la fuerza institucional más severa: el ejército, las fuerzas armadas. Y el otro lado, del Estado son los programas sociales de cohesión de voto, de asistencialismo autoritario que se disfraza de inclusión y equidad. El resultado de esos gobiernos autocráticos es la violación sistémica a los Derechos Humanos, primera defensa de todo ciudadano.
Abramos la discusión: @salmazan71