El pasado 31 de diciembre la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de la prolongada ocupación israelí de los Territorios Palestinos. Tras la petición, Israel tomó represalias contra Palestina y congeló 39 millones de dólares recaudados en impuestos por la Autoridad Palestina. Ante ello México, junto con varios otros países, fue uno de los signatarios en contra de estas medidas punitivas que se suman a la larga lista de violaciones de derechos humanos de Israel contra los palestinos y tal parece que, con el nuevo gobierno de ultra derecha, pronto un sector de los ciudadanos israelíes también podría ver sus derechos mermados.
La Corte Internacional de Justicia o Corte Mundial, creada en 1945, es el órgano judicial más importante de las Naciones Unidas (ONU), la cual se encarga de distintas tareas, la más relevante es atender controversias en materia jurídica entre los Estados, aunque también emite opiniones consultivas, es decir, un dictamen que, aunque con valor jurídico reconocido o vinculante, no cuenta con las facultades para hacerlos cumplir.
En este sentido, 87 Estados miembros de la ONU aprobaron a finales de diciembre que la Asamblea General de la ONU pidiera a la CIJ una opinión consultiva respecto a la negativa de Israel de terminar su prolongada ocupación del Territorio Palestino, así como sobre las consecuencias jurídicas derivadas de la violación sistemática de los derechos humanos de los palestinos. Además de los 87 votos a favor, hubo 24 en contra –incluidos los votos de Israel y de Estados Unidos— y 53 abstenciones, por lo que la petición fue aprobada.
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Ya desde el 14 de septiembre de 2022 la Asamblea General había presentado un informe donde se concluye que la ocupación israelí del Territorio Palestino es ilegal. En este informe se detalla que las autoridades de facto en Gaza estuvieron dispuestas a colaborar, no así Israel quien negó el acceso a Israel y a Cisjordania (territorio que ocupa) que es donde se localizan los asentamientos con los que Israel ha avanzado paulatinamente la colonización del Territorio Palestino. En dicho informe, la ilegalidad de esta ocupación se basa en dos indicadores que son: la prolongada ocupación del territorio y las medidas unilaterales que Israel ha tomado por décadas para colonizar el territorio aun cuando no dispone de soberanía sobre éste.
Desde 1947 a la fecha, en la base de datos de Naciones Unidas hay 178 documentos de la Corte Internacional de Justicia que tratan sobre la Cuestión de Palestina en las que se abordan preocupaciones relacionadas con asuntos legales de la ocupación, de desplazamiento interno, refugiados y derecho al retorno, derechos inalienables de las personas palestinas, entre otros. Después de 1988 no hubo tantas publicaciones, lo que probablemente tenga que ver con las negociaciones de paz.
No obstante, desde 2003, una gran cantidad de documentos fueron publicados a raíz de las preocupaciones desatadas después de que Israel decidió unilateralmente construir el Muro de Separación, acción que supuestamente buscaba proteger a la ciudadanía israelí, sin embargo, ha servido a Israel como un nuevo mecanismo para anexarse ilegalmente más territorio e implantar sus políticas de apartheid contra la población palestina.
En los últimos años los temas que se abordan en estos documentos se relacionan a las prácticas israelíes que violan los derechos humanos de los palestinos a causa de la ocupación y que apuntan cada vez más a que se hable abiertamente de un apartheid. Esto, solo significa que las medidas israelíes contra los palestinos son cada vez más violentas, racistas y restrictivas aún así, se espera que la situación empeore. De hecho, en lo que va del 2023, Israel ha asesinado ya a 14 palestinos, siendo el último Omar Khmour de 14 años en un campo de refugiados en la ciudad palestina de Belén.
Ahora bien, la petición de una opinión consultiva a la CIJ hecha en diciembre pasado se dio con la llegada del nuevo gobierno de ultra derecha encabezado por Benjamín Netanyahu a Israel, cuestión con la que ni siquiera los israelíes están contentos, o al menos un sector considerable pues, según asegura Netanyahu, cuando los israelíes salieron a votar hace dos meses, fueron millones quienes votaron por la reforma del sistema judicial.
Aun así, hace apenas unos días, unos 80 mil israelíes protestaron en Tel Aviv contra el gobierno de Netanyahu, aunque también hubo protestas en Jerusalén y en Haifa dado que el primer ministro (que actualmente cumple su sexto periodo en el poder) quiere reformar el sistema judicial probablemente para impedir que nuevas investigaciones sean puestas en su contra, aunque también mucho ha tenido que ver el sistema judicial en la impunidad con la que el régimen violenta a los palestinos.
Los ciudadanos israelíes protestaron pues también temen que el nuevo gobierno conformado por políticos sionistas ultraconservadores, colonos prominentes y, en general, por personas que se oponen a la existencia de una Palestina libre y soberana, impongan políticas restrictivas para ciertos sectores de la sociedad israelí como la comunidad LGBTQ+ con propuestas del nuevo gabinete como la posibilidad de que los médicos puedan negar la atención médica a personas de dicha comunidad o negarles la estancia en hoteles, pero también algunos rechazaron la radicalización de las fuerzas policiales y de las políticas racistas contra los palestinos.
Los hechos muestran que Israel viola de manera sistemática el derecho internacional humanitario y por ende los derechos humanos de los palestinos, con el nuevo gobierno de ultraderecha al frente, parece que pronto también los derechos de sus propios ciudadanos estarán en peligro. En Israel la sociedad está cada vez más polarizada por las prácticas conservadoras y abusivas de sus gobernantes en el país que se hace llamar “la única democracia en Medio Oriente”.
Jeziret Gallardo
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