A ocho años de la trágica noche de Iguala, en la cual fueron desaparecidos y presuntamente asesinados 43 normalistas de Ayotzinapa, la exigencia por la justicia y la disputa por la verdad desafían a la lógica. Los responsables del crimen salen de la cárcel o son testigos protegidos y aquellos que investigaron el caso inicialmente, hoy, el gobierno se empeña en detenerlos y sentenciarlos.
En la Fiscalía General de la República (FGR) persisten en demoler la “verdad histórica”, aunque no cuenten con otra. El expediente del caso Ayotzinapa quedó sujeto a intereses políticos y se inició la cacería de los presuntos responsables de lo que han denominado “crimen de Estado”.
Además de la detención de Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, autor de la “verdad histórica”, un juez federal libró órdenes de aprehensión contra el ex procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco; el ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, Leonardo Octavio Vázquez Pérez y contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín por el delito de delincuencia organizada y desaparición forzada, en el caso Ayotzinapa.
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Por el mismo asunto ya fueron procesados el General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y sus subordinados el Capitán José Martínez Crespo, el Sargento Eduardo Mota Esquivel y el Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa. Militares ligados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según los testigos protegidos, ligados al cártel de “Guerreros Unidos”.
Las órdenes giradas en contra de ex funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre forman parte de las 83 que libró el juez, el pasado 19 de agosto por el Caso Iguala, de las cuales solo han sido cumplimentadas 7.
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Como siempre, en el laberinto de la impunidad, hay mantos protectores y la FGR pidió la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de aprehensión en el caso Ayotzinapa. De acuerdo con el diario “El País”, “fuentes cercanas” “dibujan un conflicto entre la fiscalía encargada del caso, que dirige Omar Gómez Trejo y la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero” y ahí el origen selectivo de las detenciones.
Al respecto, los padres de los 43 estudiantes y su abogado Vidulfo Rosales, han calificado estas acciones como: "respuesta mediática del gobierno". Después de varias semanas de “jornadas de lucha” que iniciaron en Guerrero y culminaron con actos vandálicos en la Ciudad de México, los familiares mantienen la exigencia: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
No les convence la conclusión de Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de que: “No hay indicios” de que ninguno de los normalistas desaparecidos esté vivo, los familiares de las víctimas exigen elementos científicos contundentes que demuestren que sus hijos están muertos.
El pasado fin de semana, el diario Reforma, publicó parte una filtración del informe sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa en poder de la FGR, donde se informa que los jóvenes habrían sido descuartizados por una organización criminal y sus restos repartidos a algunos sicarios para que se deshicieran de ellos como lo consideraran.
A través de Twitter, Encinas condenó la filtración y la calificó como “absolutamente irresponsable” y una “falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes”. También pidió que se investigue y se castigue al autor de la indiscreción. Conviene aclarar que el documento salió de la FGR y ojalá no vayan a enfilar sus baterías jurídicas contra la prensa.
Así las cosas, a ocho años de la noche negra de Iguala, el caso no avanza, los culpables siguen libres y cada quien se queda con su certeza: La verdad histórica, la verdad impuesta y la verdad que cada uno conoce en un diálogo de sordos, donde reina la impunidad y la política.
Vericuentos
Monreal vs. Creel
¡Hay tiro! Luego de que Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, denunciará y cuestionará la intromisión del presidente López Obrador en el Congreso para sacar adelante las iniciativas que manda, la más reciente sobre la Guardia Nacional. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado, consideró como “un exceso” acusar al titular del Ejecutivo federal de intervenir en el Poder Legislativo, por proponer un sondeo sobre la ampliación del plazo para que las Fuerzas Armadas puedan realizar tareas de seguridad pública. El zacatecano dijo: “al menos en el Senado no hemos tenido un solo acto de injerencia indebida, respecto de nuestra labor, de nuestro trabajo”. ¡Aja! ¿Será? Lo cierto es que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, se reúne frecuentemente con Monreal y es bien sabido que cabildea los deseos-órdenes presidenciales. Por cierto, hoy comparece en el Senado con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno del presidente López Obrador. ¡Órale!
@guillegomora
Caleidoscopio
Guillermina Gómora Ordóñez
Ayotzinapa, el laberinto de la impunidad