Durante muchos años nos acostumbramos a la respuesta de que las víctimas del narco se explican porque se matan entre ellos o porque seguramente andaban en malos pasos. La impunidad reforzó esa narrativa porque nunca supimos quién mató a quién. Las morgues se llenaron, las madres en búsqueda de sus desaparecidos encuentran más y más fosas repletas de cadáveres anónimos, y las autoridades abdicaron de investigar, capturar y procesar a los asesinos.
Un ejemplo claro de ello es Tijuana. La violencia en ese municipio no es un fenómeno reciente, la ha acompañado sin solución duradera desde siempre. En últimas fechas, hace apenas un año, el Secretario de Marina presentó un listado de incidencia delictiva donde colocó a Tijuana como el municipio más violento del país. A la par, distintos indicadores globales la ubican como una de las urbes más peligrosas del planeta, al registrar 103.19 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2021.
Los homicidios son el día a día de Tijuana. Sin embargo, con las acciones violentas del fin de semana pasado, se terminó de desenmascarar la total falta de autoridad a nivel local. Las imágenes dejaron en claro que -tanto el gobierno estatal como el municipal- carecen de una estrategia propia de contención y persecución del delito. Más preocupante aún, despiertan serias interrogantes sobre cuál es su verdadera contribución en las llamadas mesas de coordinación con las instancias federales, a las que tanto apelan en sus posicionamientos.
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No hay estrategia, no hay inteligencia operativa, no hay estado de fuerza local confiable, como tampoco principio de realidad en el discurso de las autoridades. La falta de pericia local facilitó las acciones violentas realizadas de manera simultánea, las cuales consiguieron paralizar todas las ciudades del estado de Baja California.
El día de los hechos los mensajes por WhatsApps corrieron como pólvora. Por un lado, las imágenes de violencia y el anuncio de un supuesto toque de queda; por el otro, mensajes desarticulados de autoridades locales que solo exhibían su inoperancia y el más profundo estado de indefensión de los ciudadanos. La autoridad estatal incluso se atrevió a difundir que las actividades se realizaban de manera normal, cuando en realidad se cerraban restaurantes y comercios, se suspendían clases programadas para el fin de semana y se notó una considerable baja en la circulación.
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Del lado de las autoridades de Tijuana, los discursos con contenidos al margen de legalidad -alentando la extorsión y el cobro por derecho de piso- se convirtieron en tendencia internacional en Twitter, por la evidente falta de empatía y del más mínimo sentido de responsabilidad. La alcaldesa olvida que los ciudadanos sufren las extorsiones y amenazas que ella solicita a la gente pagar a los criminales. La alcaldesa habla de saldos blancos, cuando lo único que se conoce de su gestión es la comisión de homicidios, como los ocurridos en contra de 3 periodistas en los primeros meses del año.
De manera lamentable, el Ejército ha avalado estos discursos con su acompañamiento a la alcaldesa en piezas reproducidas en redes sociales. Mientras las autoridades locales tratan de justificarse, la situación continúa agravándose: se incrementa el golpe a un comercio afectado por estadounidenses que ya no desean cruzar a Baja California por la violencia imperante; se restringe la derrama y reactivación en un contexto de inflación y debilidad económica; y se pasan por alto los riesgos en la relación con Estados Unidos, ante una creciente comunidad de ciudadanos estadounidenses cada vez más expuesta a hechos de barbarie criminal en esta ciudad fronteriza.
Los partidos tradicionales de Baja California se pulverizaron ante la falta de respuesta efectiva, y al parecer Morena no ha aprendido la lección de que la seguridad ha sido uno de los motores de cambio político en la entidad. Más aún, cuando tiene carro completo y lo que debiera ser un amplio margen de maniobra solo trae resultados desalentadores. Por lo pronto, el gobierno federal y el Ejército Mexicano ya pagan las primeras facturas de la ausencia de autoridad convincente en Tijuana.