Era el 28 de junio de 1969 cuando la violencia policiaca agredió en StoneWall –en un bar neoyorkino–, a mujeres travestis y gais que se encontraban en una noche de antro, diversión y vida nocturna de la comunidad homosexual, pero la homofobia era una forma y práctica normalizada. Cinco décadas más tarde, la situación ha cambiado muy poco; la vulnerabilidad que vive la comunidad LGBTTTIQ+ es ejemplo de las deudas en la protección de derechos humanos, de un mundo heterodominante y discriminatorio.
Se han sumado expresiones, conductas, grupos, derechos, diversidades sexo-genéricas, afectivas, culturales y sociales durante las más de cinco décadas de aquel acto violento que marcó el nuevo paradigma de las expresiones de la sexualidad y las identidades de género en el mundo que hasta 1990 no eran reconocidas en el mundo científico de la Organización Mundial de la Salud y en las políticas públicas. Aunque hoy día estén expresadas, estudiadas, clasificadas, legisladas, aún en la cotidianidad esta comunidad enfrenta discriminación, violencia y odio al grado de criminalizar su expresión o limitar el acceso a una vida sin exclusión.
La pena de muerte, la cárcel, la excomunión, la criminalización o el rechazo a nombre de la moral son parte de prácticas normalizadas en muchas partes del mundo para cualquiera de las expresiones o manifestaciones públicas de la comunidad disidente sexual. Nuestro país no es la excepción y la violencia, como la homofobia o discriminación sexogenérica ha escalado paulatinamente en la escuela, la calle y el trabajo y las instancias públicas.
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A pesar de contar con leyes y reglamentos en materia de identidad sexual o genérica, de legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo, de adopción, seguridad social o atención psicológica, médica y asistencial en temas de transexualidad, VIH o sida, no es en todo el país, no son leyes federales y aún faltan varios estados de incluir y reconocer los derechos humanos de la diversidad o depende de la práctica moral de las autoridades para aplicar la ley o prestar los servicios.
Sólo por contextualizar, en 2020 se han reportado 78 homicidios derivados o consecuencia de su identidad sexual. 43 de ellos fueron transfeminicidos; 22 a personas gais hombres y 8 mujeres, varias agresiones policiacas en la vía pública de los estados y barrios populares de la ciudad por expresiones públicas de afecto por parte de la comunidad LGBTTTQ+; a pesar de no ser considerado un delito, pero aún las autoridades y ministerios parten de criterios heteronormativos para juzgar, castigar y aplicar “leyes a modo” y moral personal. Ese es el otro lado de los que estamos del otro lado de la moral o la heternormatividad.
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Otro de los espacios donde se ejerce de forma impune la violencia de género y la homofobia es la escuela, espacio de agresión entre estudiantes y compañeros académicos que lleva a deserción, depresión y bajo rendimiento escolar en niñas y niños homosexuales que son constantemente agredidos por sus pares o incluso por docentes o personal administrativo.
El próximo 25 de junio, en la edición 44 de la Marcha por el Orgullo LGBTTTIQ+ las calles de la ciudad de México, en especial Paseo de la Reforma, volverá a ser sitio de las expresiones diversas, de las denuncias y las demandas que la comunidad hará en materia de justicia, equidad, inclusión, respeto, cultura y legalidad demostrando que nunca serán suficientes las voces, las manifestaciones públicas, las discusiones, los foros, el carnaval y la fiesta para contener las demandas que reclaman el legítimo derecho humano: una vida sin violencia ni discriminación, en estricto reconocimiento de las libertades individuales y colectivas. Todos los lados contamos y necesitamos ser escuchadxs para evitar más otros lados oscuros de la violencia disidente.
Abramos la discusión: @salmazan71