En una estricta interpretación del texto legal aplicable, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF) el presidente de la República no violó el secreto fiscal cuando el viernes pasado dio a conocer presuntos ingresos de un periodista en su conferencia matutina. Al contrario, el presidente dijo que enviaría los datos al SAT para que investigara. De este modo, en teoría no atenta contra la absoluta reserva que deben guardar quienes manejen datos, declaraciones e informes, aportados por los contribuyentes al SAT. Y es que López Obrador ha sido muy enfático en que los datos que dio a conocer provienen de informes de ciudadanos anónimos.
Ayer martes el presidente dio un paso más. Leyó la solicitud formal que envía al INAI aduciendo que él piensa que "todos debemos transparentar nuestros ingresos" y saber "cuánto ganan los periodistas" ya qué hay una "élite vinculada a la mafia del poder" que obtiene "muchísimo dinero" y son un grupo de "golpeadores sin escrúpulos morales" "una prensa mercenaria".
Con estos y otros "fundamentos" análogos, basados en una supuesta ética pública representada por él mismo, el presidente, fuera de todo fundamento legal y con vulneración a Derechos Humanos (DH) establecidos en la Constitución mexicana y en los Tratados internacionales firmados por Mexico, le pide al INAI: "como ciudadano y como presidente" que: "se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones