El 21 de septiembre de 2022, el gobernador del Estado de Texas, Greg Abbott, firmó un reglamento administrativo que designa a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas e instruye al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) a tomar medidas inmediatas para mantener a los texanos seguros en medio de la creciente crisis nacional de fentanilo. El gobernador también envió una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris solicitando la clasificación federal de terroristas para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Gobernador enfatizó en su carta que se necesita una acción decisiva inmediata de la administración federal del presidente Biden para combatir a los cárteles que inundan con drogas a Texas.
El terrorismo es un concepto que desafía una definición legal simple y directa. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar que no existe una convención internacional sobre terrorismo con una definición universal aceptada de lo que constituye el “terrorismo”. En consecuencia, cada país ha elaborado sus propias definiciones de lo que se considera terrorismo de acuerdo con su propio derecho penal. Esto plantea la pregunta fundamental de si pudieran lograr acuerdos internacionales sobre qué constituye el terrorismo para poder combatirlo dentro y fuera de cada país.
La definición legal de terrorismo en EEUU, se encuentra en el Código Penal Federal. Los elementos de la definición de “terrorismo internacional” establecen que debe de (A) ser un delito, (B) que se cometió intencionalmente y (C) su alcance geográfico. La definición de “terrorismo” en el Código Penal Federal establece: (A) Involucrarse en actos violentos o actos peligrosos para la vida humana que son una violación a las leyes penales de EEUU o de cualquier nación, o que sería un delito si se comete dentro de la jurisdicción de los EEUU o de cualquier nación; (B) el acto parece estar destinado a: (i) intimidar o coaccionar a una población civil; (ii) influir en la política de un gobierno mediante intimidación o coerción; o (iii) afectar la conducta de un gobierno mediante destrucción masiva, asesinato o secuestro. Los tribunales han interpretado la definición que da el código sobre terrorismo requiriendo que el motivo de los actos sea político o ideológico para que un delito pueda ser considerado terrorismo. Por lo tanto, se excluyen los actos violentos derivados de agravios personales, incluso si victimizan a un gran número de personas o provocan un miedo generalizado, como sucedió en Chihuahua el 4 de noviembre de 2021, cuando, según el relato de John LeBaron, un grupo del crimen organizado fusiló, quemó y asesinó a sangre fría a su familia, dejando a tres mujeres y seis niños sin vida.
La Suprema Corte de Justicia de EEUU en el asunto de Hamdan v. Rumsfeld (2006) define lo que es terrorismo. El Sr. Hamdan fue acusado de “conspiración”. El acusado era un ciudadano yemení de nombre Salim Ahmed Hamdan. EL SR. HAMDAN HABÍA SIDO EL CHOFER DE OSAMA BIN LADEN, quien fue capturado por las fuerzas militares de Afganistán en 2001 y posteriormente fue entregado a EEUU y encarcelado en la Bahía de Guantánamo, Cuba en 2002.
El Sr. Hamdan presentó una petición de Habeas Corpus alegando haber sido encarcelado ilegalmente. La Suprema Corte de Justicia en junio de 2006 resolvió que, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, no existía el delito de “conspiración” del que había sido acusado el Sr. Hamdan. Además, declaró de ser ilegales los tribunales militares que habían sido establecidos por la Administración del presidente George W. Bush para juzgar a los detenidos que se encontraban en la Bahía de Guantánamo, Cuba, conocidos como “enemigos combatientes” por no decirles terroristas. También resolvió que la comisión militar había violado los derechos del Sr. Hamdan bajo los Convenios de Ginebra y el Código de Justicia Militar de los Estados Unidos y ordenó su inmediata libertad. Esta decisión fue, sin duda, una de las sentencias más importantes resueltas por la Suprema Corte de Justicia, basada casi por completo en el derecho internacional. Poco después el Congreso de la Unión aprobó una nueva ley federal autorizando la creación de tribunales militares y prohibiendo a los juzgados federales el aceptar peticiones de Habeas Corpus de cualquier enemigo combatiente pidiendo se revisará si su detención había sido legal o no.
Hoy, Greg Abbott está aprovechando al máximo para su campaña política que busca ser reelecto gobernador del Estado de Texas, anunciar que ya clasificó a los cárteles de México como terroristas usando todas las frases emotivas y políticamente cargadas de furia que la familia LeBarón usa hoy contra el gobierno de López Obrador por la impunidad que gozan los cárteles por la política de abrazos y no balazos.
Pero tengamos presente que el gobernador Abbott no podrá designar como terroristas a los cárteles dada la naturaleza jurídica de que para poder ser declarado terrorista se requiere como elemento principal que el motivo de los actos violentos o peligrosos para la vida humana cometidos por el terrorista sean llevados a cabo con un fin político o ideológico, circunstancias que no existen en ninguno de los actos violentos o peligrosos para la vida humana cometidos por los cárteles en México, por lo que por más que quiera Abbot que el gobierno de Joe Biden designe a los cárteles como grupos terroristas, legalmente no lo podrá hacer, debido a que no existe el requisito indispensable de que el acto sea político o ideológico para ser terrorista. El animus operandi que mueve a los cárteles a matar, a extorsionar, a secuestrar, a intimidar y no sigo porque la lista es interminable, es puramente económico.
Leemos pues que NO es posible lo que se publicó en algunos periódicos y en redes sociales: “…que si el gobierno federal aceptaba la iniciativa del Gobierno de Texas se podría ingresar a territorio mexicano para capturar a los jefes de los cárteles…” Seguramente los que escribieron esta noticia estaban alucinando bajo la influencia de la nueva droga que mueven los cárteles.
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