El pasado 11 de enero, escribimos una nota comentando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había presentado el 4 de agosto de 2021, una demanda civil en un juzgado federal en Boston, Massachusetts, contra diez empresas fabricantes de armas, reclamando daños y perjuicios por “prácticas comerciales de una manera negligente, facilitando de esa manera el tráfico ilegal de armas a México”. En aquel entonces consideramos que en base a que la Constitución de Estados Unidos y la Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas otorgan la total inmunidad a los fabricantes y distribuidores de armas, la demanda no procedería.
El 30 de septiembre de 2022, el juez federal en Boston, resolvió desechar esta demanda debido a la improcedencia ya que no existía jurisdicción sobre la materia, además de que no se reclamaba nada que se pudiera ordenar su resarcimiento de acuerdo con la Constitución y las leyes federales. El 5 de octubre de 2022, el canciller Marcelo Ebrard, compareció ante el Senado de la República a informar que el juez federal de Boston había determinado no admitir la demanda debido a que la ley en Estados Unidos otorga inmunidad a la industria armamentista aún por hechos cometidos en otros países y que México no lo aceptaba. Por esta razón se va a presentar una apelación argumentando: “…que la inmunidad no procede porque en el territorio mexicano la legislación y los principios jurídicos que aplican son diferentes y aquí está prohibido, no tienen inmunidad ni en México ni en ninguna otra parte del mundo…”. Así mismo, informó que está preparando una segunda demanda para: “…empezar a fincarles responsabilidades penales…”
Solo basta recordar lo que significa tener completa y total inmunidad para el fabricante y distribuidor de armas, cuando leemos la demanda presentada por las familias de algunas víctimas de la balacera en 2012 en la Escuela Primaria de nombre Sandy Hook, contra el fabricante del rifle automático Remington utilizado en la balacera que dejo 27 personas muertas, de las cuales 7 eran maestros y 20 niños menores de 10 años. La juez federal resolvió que la demanda presentada por las victimas en contra del fabricante del arma “estaba protegido y se encontraba dentro de la amplia inmunidad proporcionada a los fabricantes y distribuidores de armas que otorga la Ley por lo que no procedía la demanda”. Razón por demás por la que estimamos que Ebrard no tendrá ninguna posibilidad de obtener un fallo a favor de México en ningún juzgado, en ninguna instancia en contra de la industria de armas, ni en sus sueños.
Sobre la segunda demanda que informó presentará y que estará basada en la nueva legislación bipartidista que establece como delito federal el tráfico ilícito de armas, no encontré ninguna nueva ley a la que se hace referencia. Solamente encontré un nuevo reglamento administrativo conocido con el nombre de “armas fantasmas” publicado el 24 de agosto de 2022 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) que tiene como propósito detener la proliferación de armas fabricadas en tu propia casa, hechas de plástico, fáciles de armar y ocultar, pero difíciles de rastrear. Después de años de luchar contra el gobierno federal, una compañía de Texas recibió el 1 de agosto de 2018 (durante la administración de Donald Trump) autorización para publicar en internet los planos que le enseñan a la gente a fabricar armas en una impresora 3D desde la comodidad de su casa. Estas pistolas no alertan a los detectores de metal, no tienen números de serie para su rastreo y no requiere para su venta el checar que no tenga el comprador antecedentes penales. La nueva norma administrativa únicamente requiere que la impresora debe de imprimir un número de serie del arma que se fabrique.
Es inverosímil que el presidente López Obrador no consulte a cualquier abogado mexicano que estimamos le aconsejaría que no gaste dinero pagando a abogados norteamericanos que le cobran cientos de miles de dólares sabiendo de antemano que no existe nadie en el mundo que tenga derecho a demandar a la industria armamentista, pues está sellado en la idiosincrasia del norteamericano el derecho a portar armas y, por ende, la total inmunidad con que se protege a esta industria. Por eso tenemos que recordarle a López Obrador el famoso dicho de la maldición gitana: “entre abogados te veas”.
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