En el año 2020 se reportó la venta de armas en los Estados Unidos por un total de $285,000 millones de dólares. Las ventas de armas aumentaron incluso cuando la economía mundial se contrajo por la pandemia. Los gigantes de la industria armamentista norteamericana vieron un crecimiento en las ventas sostenida en gran parte por las compras de los gobiernos incluyendo al de México. Los que no somos norteamericanos no logramos entender el amor que tienen por las armas lo que nos hace perder toda cordura cuando tratamos de entender y acabamos como Don Quijote en su célebre frase: "La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece…"
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Leemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 4 de agosto una demanda civil en un juzgado federal en Boston, Massachusetts contra diez empresas fabricantes de armas en Estados Unidos argumentando "prácticas comerciales de una manera negligentes facilitando de esa manera el tráfico ilegal de armas a México".
El Lic. Steve Shadowen es el abogado que representa los intereses del gobierno mexicano en la demanda, es experto en el área de competencia económica, y es reconocido como el litigante que se encarga de vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia en el mercado de los Estados Unidos.
En base a que la ley federal de los EE.UU. otorga una total inmunidad a los fabricantes y distribuidores de armas basada en la Segunda Enmienda a la Constitución que estipula: Por ser necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien regulada, no se restringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas. El gobierno del presidente George W. Bush expidió en octubre del 2005 la Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas, otorgando inmunidad a los fabricantes de armas y de esa manera pueden rápido y fácilmente responder a cualquier reclamo de NO TENER NINGUNA RESPONSABILIDAD con ninguna de las víctimas de violencia por el uso de armas de acuerdo con la ley.
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En octubre de 2016, un juez federal en el estado de Connecticut desechó la demanda presentada por las familias de algunas víctimas de la balacera en 2012 en la Escuela Primaria de nombre Sandy Hook contra el fabricante del rifle automático Remington utilizado en la balacera. Recordemos esa tragedia cuando en un pueblo pequeño en Newtown, Connecticut un joven de 20 años entró a la escuela y empezó a matar a los niños a diestra y siniestra para después darse un tiro en la cabeza. Este loco llevaba una pistola Glock y otra de nombre Sig Sauer, dejando 27 personas muertas, de las cuales 7 eran maestros y 20 niños. La juez federal de distrito Barbara Bellis resolvió que la demanda presentada por las victimas en contra del fabricante del arma "estaba protegido completamente y se encontraba dentro de la amplia inmunidad proporcionada a los fabricantes y distribuidores de armas que otorga la Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas por lo que no procedía la demanda". Hoy en día sigue el procedimiento legal con apelaciones y amparos.
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Mientras tanto en el Estado de Nueva York en julio del año pasado el entonces gobernador Mario Cuomo (Demócrata) expide la primera ley que permite presentar una demanda civil contra los fabricantes y distribuidores de armas y de esa manera al aplicar la nueva ley estatal de Nueva York se está abriendo la puerta para presentar demandas contra la industria armamentista enmendando el Código de Comercio del estado de Nueva York para hacer responsables a todos los que estén relacionados con los peligros de seguridad y de salud causados por la venta, fabricación, distribución, importación y comercialización de armas de fuego. No tendrán la defensa de inmunidad que otorga la ley federal.
Esta nueva ley estatal de Nueva York es la primera ley estatal en prohibir la comercialización, fabricación o venta inadecuada de armas. Esta nueva legislación tiene como objetivo combatir el llamado "oleoducto de hierro", que se utiliza para describir el tráfico ilegal de armas a lo largo del corredor de la carretera I-95 que es la carretera principal que va de Miami, Florida, pasando por Maine y llegando a New Brunswick, Canadá. La carretera se construyó paralelamente a la costa del Atlántico. Según un informe presentado por el fiscal general del Estado de Nueva York se informa que las armas ilegales que llegan todos los días al estado de Nueva York provienen principalmente de los siguientes estados: Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Florida.
Sabemos que será muy difícil para México obtener algún resarcimiento por los daños que el presidente López Obrador dice se causan por la delincuencia organizada, alegando en sus mañaneras, sin ninguna base legal, que las compañías a las que se están demandando "hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada y que se llenan las bolsas de dinero con el dinero que reciben de los traficantes de drogas". Ningún jurado en Estados Unidos otorgará daños a México por la venta lícita de armas que entran ilícitamente a México, seguramente por algún túnel que dejó abierto el Chapo.
La Cancillería se aleja hoy de la función que marca el artículo 89, fracción X de nuestra Carta Magna de facilitar las relaciones de México con el exterior y la resolución de controversias por la vía pacífica. Consideramos que el camino de la diplomacia es la diferencia entre conseguir la paz o agravar más los conflictos con nuestro vecino país del norte. Es inverosímil que el Canciller no tenga presente lo mucho y muy grave que encierra la famosa "maldición gitana": "entre abogados te veas".
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