Con la llegada del primer día hábil de enero se reinician las actividades del Máximo Tribunal del país, con mayor expectativa en la coyuntura de la bienvenida a una nueva ministra, la cuarta integrante del pleno que ve por primera vez en su historia 4 sitiales ocupados por mujeres en esa herradura de once, que tienen en sus manos las resoluciones jurisdiccionales más importantes del país.
Durante las vacaciones de la segunda quincena de diciembre, la Suprema Corte siguió trabajando en su Comisión de Receso, que fue compuesta por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, sólidas aspirantes a ocupar la presidencia del Tribunal Constitucional dentro de 1 año, cuando el ministro Arturo Zaldívar concluya su periodo que pretendió ser ampliado sin éxito a 6 para alinearlo con la conclusión del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
En el receso las ministras decidieron que el Instituto Nacional Electoral suspendiera el acuerdo de aplazamiento de la consulta para la revocación del mandato, adoptado en el Consejo General el 17 de diciembre, sin duda el tema nacional más candente durante el cierre de 2021. También admitieron una Controversia Constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia contra el mismo aplazamiento decidido en el INE, que incluso provocó el arrebato absurdo del morenista Sergio Gutierrez Luna, Presidente de la Cámara de Diputados para denunciar penalmente a los 6 consejeros que votaron por la posposición, con la respectiva apertura de carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República.
Será justo el tema de la revocación, la polémica inmediata que tendrán los ministros para estudiar el fondo reclamado por Lorenzo Córdova, que ha recordado que no está obligado a lo imposible cuando no existe presupuesto suficiente para realizar el ejercicio que obsesiona al Presidente de la República, sin duda innecesario y que que costaría cerca de 5 mil millones de pesos.
Signos del porvenir. En noviembre de 2024 terminarán sus períodos constitucionales los ministros Luis María Aguilar y Zaldívar, justo en el cambio de gobierno y quien sea el próximo titular del Ejecutivo Federal tendrá en el arranque de su mandato la opción de enviar 2 ternas al Senado para los respectivos reemplazos dentro de 33 meses.
El arranque de 2022 nos volvió a recordar la vulnerabilidad de los juzgadores federales, con el ataque a Gabriel Domínguez Barrios en Jiutepec, Morelos. En lo que se dice fue un intento de asalto, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, resultó herido con 2 impactos de bala, siendo este el segundo incidente de esta naturaleza que padece en 3 años. El primero tuvo lugar también en Morelos, cuando se desempeñaba como Juez Federal Mixto en Guerrero y conoció una de las denuncias por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Desde el hospital donde convalece de una operación de urgencia que no puso en riesgo su vida, a través de un chat con sus colegas, el juez Domínguez Barrios atribuyó extraoficialmente el ataque a la delincuencia e informó haber sufrido dos disparos con trayectoria de entrada y salida. Además negó que se haya resistido a entregar las llaves de la camioneta en que viajaba. Afortunadamente él y su hijo de 17 años viven para contarlo y están fuera de peligro.
Tras la agresión el ministro Zaldívar condenó los hechos y exigió a las autoridades competentes se investigue para sancionar a los responsables.
El martes 4 de enero, al recibir solemnemente la toga Loretta Ortiz, quien deja una vacante a cubrir en el Consejo de la Judicatura Federal, hizo el habitual desmarque sobre AMLO que sólo será creíble a fuerza de proyectos, votos y resoluciones verdaderamente independientes del poder presidencial.
En el primer discurso ante sus colegas, aseguró que su papel como ministra "revestirá en todo momento la independencia, imparcialidad y autonomía que resultan esenciales para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional". Sólo los hechos demostrarán si la recién llegada será capaz de desafiar al Presidente que la favoreció en la terna, que el partido del cual fue militante y legisladora, hizo de mero trámite su elección en la Cámara Alta.
Hablando de la nueva ministra, trascendió que su llegada a la ponencia que heredó de Fernando Franco fue áspera y produjo tensiones en un equipo reconocido por su preparación y eficacia. Prácticamente pidió renuncias a todos los integrantes de esa oficina, sin darles la oportunidad de mostrar sus aptitudes.
Siempre el último año de una presidencia en la Corte, abre la baraja de la sucesión, con los desgastes internos que eso representa para quien concluye y también para quienes intentarán disputar el relevo en los próximos meses, hacia la segunda mitad de un sexenio marcado por el arraigado desprecio respecto de un Poder que nunca ha sido del agrado del tabasqueño.
No hay que tener una bola de cristal para asegurar que en 2022 la tendencia desde Palacio Nacional seguirá siendo presionar a los juzgadores federales, que con sus sentencias afecten los intereses del Ejecutivo Federal. La independencia e imparcialidad a prueba de reclamos, es más que nunca el reto que definirá la grandeza de la función jurisdiccional, más allá de los discursos lucidores y los lugares comunes propios de lo que indica el manual no escrito de lo políticamente correcto.
México necesita un Poder Judicial de la Federación que lleve al límite la defensa de su autonomía, con los riesgos que implique retar al presidencialismo más autoritario de las últimas décadas, sabiendo que tras la elección intermedia, no es tan sencillo reformar la Carta Magna.
No queremos jueces de rodillas que atemperen sus sentencias para evitar confrontaciones, no queremos una Corte que calcule en sus fallos la animadversión que provocará al defender el orden constitucional del Estado mexicano.
En ese sentido y objetivamente evaluemos el desempeño de cada ministra y ministro, por la imparcialidad de sus resoluciones, dejando de lado el romanticismo de los discursos hechos para decir lo que se quiere escuchar en las habitaciones del palacio que se ubica a un costado de Pino Suárez número 2.
EDICTOS
El nuevo año, encuentra al Canal de Televisión de la Suprema Corte acéfalo, tras el despido de Yahalí David Bueno, quien de la desaparecida Coordinación General de Comunicación Social del Máximo Tribunal, fue enviada a la televisora en la que se distinguió por su desconocimiento sobre la naturaleza del medio y terminó abruptamente su ciclo en esa unidad administrativa, que sigue sin erradicar al nocivo grupo que mantiene el control interno de la estación, sabotea transmisiones y prefabrica denuncias falsas para generar chantajes cuando se ven amenazados en sus intereses de grupo.
Reporteros como Mario López Peña, Juan Carlos González y Martha Rodríguez Carrillo, aliados con Daniel Lee Vargas, camarógrafos y varios operadores ejercen un coto de impunidad que evita el despegue de una televisora pública que vive en la mediocridad y la autocomplacencia.
Llegue quien llegue a esa Dirección General, tendrá el reto de encabezar una depuración que se ha frenado desde adentro con la amenaza del escándalo como mecanismo de presión.
Este relato sería anecdótico, si no fuera porque se trata la principal herramienta de transparencia del órgano jurisdiccional más importante del país.