Las tierras tarascas se han convertido en una caja de pandora para sus habitantes. La violencia, la inseguridad y la ausencia del Estado de Derecho han hecho de Michoacán un estado fallido. Las autoridades locales y federales están rebasadas-controladas por la delincuencia organizada y las autodefensas.
A 9 días del cambio de gobierno (1 octubre), la crisis de inseguridad se agravó en algunas regiones del estado. Principalmente en los municipios de Apatzingán, Tepalcatepec, Coalcomán, Aquila y Aguililla, donde por lo menos 5 mil personas han tenido que dejar sus localidades en un nuevo éxodo hacia Estados Unidos y otros estados del país.
Sus lugares de origen se transformaron en un infierno, en zonas de guerra, donde están a merced de los delincuentes y los bloqueos. Son víctimas de los sitios que imponen los grupos en conflicto y los dejan sin alimentos, medicinas y servicio de luz. Muchos agricultores dejaron de cultivar porque no podían sacar sus cosechas y se echaban a perder o les robaban sus vehículos.
En los últimos meses la violencia se ha recrudecido en Michoacán debido a la lucha entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los grupos delictivos rivales y las autodefensas. La Fiscalía General de la República identificó a nueve cárteles que operan actualmente en la entidad y en las zonas limítrofes con los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Estado de México.
Las bandas de narcotraficantes son el CJNG, La Nueva Familia Michoacana, La (antigua) Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Cártel de Los Correa, Cártel de Zicuirán y el Cártel de El Camaleón.
Se disputan el control del corredor que lleva al puerto de Lázaro Cárdenas, el deleznable negocio del secuestro y la extorsión entre empresarios y productores agrícolas de la región. Además, del tráfico de drogas como la marihuana, las metanfetaminas, minerales y otros recursos naturales.
La crisis en Michoacán lo ubica como el cuarto estado del país con más homicidios dolosos (intencionados). Alejandro Mireles, hijo del fundador de autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles, denunció que las fuerzas armadas han hecho presencia, pero no llevan órdenes de actuar por la estrategia de "abrazos, no balazos" y criticó que el presidente López Obrador hable en las mañaneras de que México está en paz, cuando en la región "se vive un infierno día y noche".
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública destacan que el número de homicidios en Michoacán se disparó en lo que va de 2021, registrando un incremento de hasta 400% en al menos 21 municipios. En julio pasado, el estado vivió una semana de violencia generalizada por el reacomodo de al menos seis cárteles de la droga, que buscan expandir a sangre y fuego sus actividades ilícitas.
Otra cara de la violencia es la de los desaparecidos, el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, confirmó que, en los primeros siete meses de 2021, mil 85 personas fueron reportadas como desaparecidas, un promedio de 155 de manera mensual y cinco diarios.
Michoacán está bajo fuego cruzado y el cambio de gobierno ha exacerbado la violencia en un clima de impunidad donde los poderos fácticos se hacen sentir. No se observa intervención de la autoridad, municipal, estatal o federal. Silvano Aureoles (PRD), mandatario saliente deja el estado en total ingobernabilidad.
Nada nuevo bajo el sello de la izquierda mexicana; lo antecedieron los perredistas de triste memoria Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy. Ahora toca el turno a Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), que tendrá como primer reto de gobierno demostrar que no es producto de una narcoelección, como denunció Aureoles, a fin de recuperar la gobernabilidad en el estado.
Así las cosas, Michoacán registra una crisis gubernamental permanente que creció por la indolencia de los Gobiernos Federal y Estatal. Hoy, la estrategia gubernamental exige algo más que la guardia nacional y soldados. Urge la reconstrucción del tejido social y una visión de largo plazo para frenar el éxodo forzado producto de la violencia, donde huir o morir es la única opción.
Vericuentos
#CubaGate
Vaya bomba que soltó el coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementería. Acusa al gobierno del presidente @lopezobrador_, el de @Claudiashein y el de @DiazCanelB de orquestar un fraude por 255,873,177 MDP al presupuesto de salud, al contratar a 585 falsos médicos (que no tienen título) para tratar pacientes mexicanos de COVID. El senador por Veracruz presentó una investigación realizada durante seis meses, sustentada en documentos oficiales emitidos por dependencias e instituciones de los propios gobiernos de Morena, así como órganos autónomos de arbitraje médico. Ninguna de las dependencias e instituciones en las que trabajaron dichos "médicos" pudieron mostrar sus títulos. El panista precisó que cada "médico cubano" nos costó a los mexicanos $437,390.05 en total. "Mientras un médico mexicano TITULADO en nuestro país gana en el IMSS $17,000 mensuales y los tienen sin herramientas para trabajar". Además, "la transferencia se hizo a las cuentas oficiales del régimen cubano y no a los supuestos médicos. Así lo constata el contrato entre la CDMX y el régimen cubano. Y cobraron hasta en EUROS" ¡Sopas!