¡Se acabó la política de puertas abiertas! Una vez más las autoridades responsables de la migración en México intentan controlar, evitar y hasta detener el flujo de indocumentados que por miles ingresan en la frontera sur. Pretenden cruzar el país para lograr el sueño americano y paradójicamente encuentran la pesadilla mexicana.
La promesa de campaña hecha en Tamaulipas en 2018, por el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador: "Nosotros, a partir del 1 de diciembre, vamos a dar trabajo, empleo a centroamericanos; es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en México va a tener una visa de trabajo, no sólo con deportaciones sino dando opciones, dando alternativas", es una utopía.
Los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) encargados de atender a las caravanas migrantes de centroamericanos y extracontinentales, acompañados de elementos de la Guardia Nacional, se han convertido en grupos de terror, dedicados a cazarlos en la carretera, golpeándolos como animales sobre el asfalto, para después encerrarlos en camionetas y autobuses sin ventilación ni aire acondicionado a fin de regresarlos a la frontera de Guatemala, por donde llegaron.
Una historia sin fin que, en México se topa con un muro burocrático y policial rebasado por las circunstancias. El viacrucis comienza en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) donde acude el migrante al llegar a Tapachula, Chiapas para conseguir un documento que le impida ser devuelto al punto de partida, ahí no hay citas hasta diciembre.
El peregrinaje continúa al tratar de buscar alojamiento y empleo, tampoco hay. Las calles se convierten en su hogar. El problema crece, este año se esperan más de 120,000 migrantes, según cifras oficiales. En Tapachula, se registra el 70% de las solicitudes de asilo.
Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), revelan que en muchos de los albergues a lo largo de nuestro país, los niños, niñas y adolescentes representan al menos 30% de la población migrante "y lo más lamentable es que la mitad de estos menores, viajan completamente solos".
Por territorio mexicano, ciudadanos de 97 países tratan de llegar a los Estados Unidos. En los últimos años, principalmente de Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras y El Salvador, naciones gobernadas por autócratas y dictadores. Lo que explica su necesidad de encontrar empleo, paz y libertad.
Sin embargo, el sueño se trunca en Chiapas y en la frontera norte mexicana. Aunque el Gobierno Federal lo niegue, México se convirtió en un tercer país seguro, como lo "sugirió" el ex presidente estadounidense Donald Trump. El muro humano de los agentes migratorios y la Guardia Nacional limita el tránsito de quienes buscan el sueño americano.
Un desafío que toman migrantes y organizaciones civiles quienes preparan una nueva caravana para éste 15 de septiembre desde Tapachula, Chiapas. Dicen que llevaran amparos para que transiten por el país y evitar ser golpeados en el camino como lo han sufrido en las últimas caravanas.
Lamentablemente no es el único riesgo que deberán sortear, los grupos delictivos también los tienen en la mira. Se han convertido en carne de cañón para extorsionarlos, violarlos y emplearlos en sus actividades ilícitas. Otra pesadilla.
Así las cosas, más que militarizar las fronteras y aplicar la ley del garrote hay que atender el entorno social y económico que expulsa a los migrantes nacionales y extranjeros. Para ello se necesita cooperación regional, empleo, educación y seguridad. No hacerlo condena a las caravanas a una ruta hacia el infierno.
Vericuentos
Niños en la mira
La inseguridad que agobia a México, coloca a los niños y jóvenes en un riesgo constante, la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio Nacional Ciudadano, alertaron que 4 millones de personas menores de 18 años están en condiciones de vulnerabilidad y ser presas de bandas delincuenciales del país. En el estudio "Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos destacan que, de la población infantil en riesgo, 794 mil "está particularmente amenazada por no asistir a la escuela y trabajar simultáneamente", en tanto que entre 145 mil y 250 mil estarían en riesgo real de ser integrados en las filas de alguna agrupación delictiva. Las organizaciones precisan que el 55% de los menores en riesgo se concentran en siete entidades, destacando los casos de Puebla y Michoacán. el documento establece que las instituciones del estado mexicano carecen de un diagnóstico del problema, desconocen su magnitud, así como sus principales causas y efectos. #ConLosNiñosNo.
@guillegomora