De manera sorpresiva y utilizando pretextos, en mi opinión, fútiles, para aumentar cargas impositivas (tributos disfrazados de "aprovechamientos" de "bienes del dominio público") la Jefa de Gobierno de la CDMX propuso al Congreso de la Ciudad, para el año 2022 un Código Fiscal con nuevas cargas contributivas.
De este modo a todas las persona físicas o morales (sociedades) que utilicen, operen o administren aplicaciones o plataformas informáticas empleando además la geolocalización para realizar entregas de cualquier mercancía, víveres o alimentos, se les cobrará (ya sean intermediarios, promotores o facilitadores (lo que incluye o permite la posibilidad de incluir (por más que el Gobierno de la CDMX lo negó), a los repartidores) un gravamen del 2% sobre el monto total del valor de las mercancías (por ejemplo pedidos a supermercados) o de la comida o alimentos (pedidos a restaurantes) que se entreguen en el territorio de la CDMX a partir del próximo 2022.
El tema me parece gravísimo pues si bien ya existe un aprovechamiento (o impuesto del 2%) a las aplicaciones como Uber o cualquiera que ofrezca transporte privado; al parecer la tendencia del Gobierno de la CDMX es considerar la vía pública (vialidades, aceras) como un bien de su propiedad y por tanto considerar que puede imponer cargas tributarias fiscales, a personas o empresas que transiten o se muevan a través de la misma.
Cómo mencioné arriba, los motivos que en la Iniciativa de la Jefa de Gobierno se dan para continuar con la errada visión de que la calle le pertenece al gobierno, así como con su fallida interpretación de que, en consecuencia, puede cobrar por su uso, resultan en mi opinión, inéditos y equivocados, por decir lo menos. En efecto, en la Iniciativa se discurre que a causa la pandemia del COVID y sus numerosas mutaciones se ha ocasionado la restricción en la circulación de personas y mercancías en todo el mundo, provocando: "una aceleración vertiginosa en el crecimiento del comercio electrónico, entre ellos destaca el sector de la entrega de alimentos, mercancías o víveres." Y que por lo tanto: "Se generó una expansión del comercio electrónico"; por lo que (se dice en la Iniciativa) estos: "nuevos modelos de negocio digital" deben contribuir a la Ciudad.
O sea como los habitantes y empresarios de esta Ciudad, pese a la crisis sanitaria y económica, han ideado formulas para continuar con sus actividades de adquisición y suministro a través de aplicaciones de plataformas informáticas, el Gobierno de CDMX no encontró mejor motivo que éste para imponerles una nueva contribución a la que pomposa y erróneamente denomina "aprovechamiento".
Sin embargo, como ni el Gobierno de la CDMX ni tampoco el de ninguna entidad federativa, puede fijar un impuesto a esa "riqueza que genera el comercio electrónico a través de las apps" ya que es competencia federal a través de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en virtud del sistema de coordinación fiscal) y siendo que además el espectro electromagnético por el que circulan los datos que usan esas aplicaciones o plataformas es parte del espacio aéreo que también es competencia federal, la fácil y burda solución a la que se acude en la Iniciativa del Gobierno de la CDMX es que, si para realizar las entregas o pedidos ordenados a supermercados y restaurantes por plataformas o aplicaciones informáticas, se tiene que usar la infraestructura urbana, la vía pública, vamos, la calle, hay que pagar entonces un aprovechamiento del 2% por ese uso de un bien, la vía pública, que el Gobierno de la Ciudad considera de su exclusiva propiedad.
Ahora, los aprovechamientos son cargas fiscales que se pagan por aquellos que hacen uso de un bien de dominio público sujeto a concesión. Ejemplo, precisamente el espectro radioeléctrico o electromagnético que está concesionado a diversas empresas. Sin embargo, los bienes del dominio público son eso propiedad del público, es decir de todos los habitantes y el Gobierno solo es representante de esa titularidad o dominio que tiene a su favor de la población.
Las entregas de este tipo de aplicaciones (Uber Eats, Rappi, Deliveroo, o tantas otras) se efectúan a través de moto, bicicleta o incluso a pie, por los repartidores; lo que significa que no hacen un uso especial o exclusivo de la calle.
Ahora si el pretexto o motivo que da la propia Iniciativa, son los ingresos extras que está generando la economía digital; lo cierto es que, en primer lugar, como ya lo mencioné, ésta no puede ser gravado por el Gobierno local. En segundo lugar, si lo que se quiere gravar son los ingresos de las empresas que generan las mercancías o alimentos a repartir, esto ya lo grava la Federación con el ISR; pero lo grave y chocante aquí es que se está queriendo cobrar por el uso de la vía pública simplemente porque las entregas generan mayor riqueza.
Otra falacia es decir que se cobra por el uso de la vía pública y aplicar el 2% por el valor del pedido de las mercancías o alimentos entregados, es decir, no sobre qué tanto se haga o no uso de la calle, (por ejemplo si la entrega es cerca o lejos).. Así, se quiere que el supuesto aprovechamiento se pague sobre un elemento aleatorio (el monto del pedido) que no guarda proporción con el supuesto uso "mayor o menor" de la vía pública.
Si abrimos la puerta a estos abusos constitucionales y fiscales, no dudemos que al rato nos cobren por usar la acera o vía pública porque vayamos a visitar a un cliente o bien acudamos a nuestro trabajo; pues se podrá considerar que estamos generando una ganancia , que es el mismo fútil y vacuo pretexto que ahora se quiere validar.
En lo personal, considero que la Jefa de Gobierno es una persona ilustrada y capaz. Obvio no tiene porque conocer ni es su especialidad la materia tributaria. Ojalá escuche las voces informadas de expertos en la materia que ya se han pronunciado al respecto.
No vaya la Dra. Sheinbaum a perder lo más por lo menos. Gobierno inteligente, eficaz, respetuoso de las leyes y de la justicia fiscal, es lo que todos queremos.