Con un telón de fondo marcado por la triada de inseguridad, inequidad e injusticia los mexicanos acudimos, una vez más, a nuestra cita con las urnas. En esta ocasión, según se deriva de la información de estudios demoscópicos, la mayoría del electorado lo ha hecho bajo un estado de ánimo de hartazgo, frustración o cólera social, y si el teorema de Thomas se cumple -según el cual en política la percepción se convierte en realidad-, en el momento en que estas líneas sean publicadas la elección fue ganada por Andrés Manuel López Obrador. Por lo que tendremos una segunda alternancia en la cúspide del poder político.
El hartazgo, frustración o cólera social que vivimos es producto de dos factores: primero, por la sobrecarga de expectativas y exigencias a que se ve sometido el gobierno y, segundo, por la incapacidad del gobierno de responder eficazmente a esas expectativas y exigencias. Esto es, la demanda social es excesiva respecto a la capacidad del sistema político y económico para dar respuesta.
En otras palabras, cuando el modelo económico y la movilidad social no satisfacen en la medida requerida las aspiraciones sociales generadas por el sistema sociocultural, todo se trastoca y se convierte en una situación de frustración social que, en principio, se caracteriza por un aumento de la sociedad en la participación política y por un deseo de cambio que se traduce básicamente en tres vertientes: a) modificaciones en tendencia y número de votos (diversas encuestas apuntan a que el 80% de los mexicanos quieren un cambio); b) incremento en las movilizaciones sociales, que en todo el país y por las más disímbolas razones se han incrementado y, c) surgimiento de nuevas agrupaciones y actores de poder, ya sea el resurgimiento del conservadurismo en todo sentido o el crimen organizado, por ejemplo. Estas vertientes afectan la confianza de los inversionistas, quienes reaccionan sacando su dinero de un país e invirtiéndolo en otro. En el primer trimestre de 2018 salieron del país 8,000 mil millones de dólares. ¿Cómo llegamos a este estado de situación?
Mientras la acumulación de capital no presentó problema visibles, los intereses antagónicos de la sociedad fueron conciliados y corporativizados por el Estado. Sin embargo, la vieja contradicción del proyecto democrático liberal al proponer democracia en lo político y liberalismo en lo económico hizo imposible el cumplimiento democrático de prosperidad, equidad y justicia. De suerte tal, que en menos de 50 años pasamos del Estado obeso, al Estado fuerte, al Estado ineficiente para enfilar, nuevamente, a un Estado de bienestar con un acento marcado por el nacionalismo económico y la justicia social. Es decir, de todo para el Estado, pasamos a menos Estado y más mercado, a menos Estado, menos mercado y más sociedad para regresar –fundamentalmente por la crisis mundial de 2008/2010-, a nuevas formas de regularización y participación del Estado.
Por décadas, la educación fue el elemento fundamental de movilidad social, superación personal e inclusive de formación ciudadana. En la medida en que se contaba con una mejor y más acabada educación, no solo se posibilitaba un mejor ingreso y movilidad social, sino también una mejor vida comunitaria. En los últimos 30 años de nuestra historia, esto ya no fue así y la educación se convirtió en fábrica de desempleados con títulos universitarios. El muy reducido margen de movilidad social, se convirtió en caldo de cultivo de cólera social que ahora posibilita la segunda alternancia en la Presidencia de la República.
En nuestro país, la alternancia ha estado presente desde hace muchos años. Primero en municipios y congresos estatales, desde 1989 en gobiernos de los estados y a partir de la elección del dos de julio del 2000 en la cúspide del poder político, esto es, en la Presidencia de la República.
La máxima democrática de alternancia en el poder no significa que los partidos políticos se turnen regularmente en el mismo, se trata de contar con las garantías y probabilidades de que esto suceda, de que exista la posibilidad real de remover o refrendar de manera pacífica por la vía electoral a nuestros gobernantes. El ciudadano tiene el derecho/poder de, a través de las urnas, las leyes y las instituciones electorales depositar de manera temporal el poder político en quien considere más adecuado.
Ya sea por hartazgo, frustración o cólera social, nuestro país se dirige a una segunda alternancia en la presidencia. La decisión y elección de quien nos debe gobernar, es una decisión que determina la mayoría del electorado y nadie más.
La serpiente, en estado febril, alucina el largo periodo de transición.