La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León afirmó que mantiene una política de vigilancia permanente sobre la actuación de sus servidores públicos, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la ubicara como la segunda institución con más denuncias por presuntas violaciones a las garantías individuales.
¿Qué dijo la Fiscalía?
El fiscal general de Justicia, Javier Flores Saldívar, señaló que la dependencia respeta el trabajo de la CEDH y aseguró que las observaciones y recomendaciones emitidas por el organismo son atendidas conforme a los procedimientos establecidos.
"Nuestra postura es de absoluto respeto a los derechos humanos. Todas las denuncias son analizadas y contamos con un órgano interno encargado de investigar y sancionar las conductas que se aparten de la legalidad", manifestó.
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El titular de la Fiscalía destacó que la institución cuenta con mecanismos de control para revisar el desempeño de agentes ministeriales, peritos y demás servidores públicos, con el objetivo de prevenir abusos y garantizar una actuación apegada a derecho.
Como parte de estas acciones, mencionó que recientemente se impartió una capacitación especializada en derechos humanos dirigida al personal de la dependencia, con el propósito de reforzar el conocimiento y la aplicación de los protocolos de actuación.
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Flores Saldívar también aseguró que la Fiscalía ha actuado cuando se detectan presuntas irregularidades al interior de la institución. Como ejemplo, refirió el caso de una agente ministerial que permanece suspendida mientras continúan las investigaciones por el presunto uso indebido de un arma de fuego.
Aunque el proceso penal no prosperó en una primera etapa, indicó que el Ministerio Público continúa recabando elementos para determinar si procede una nueva acción judicial.
En relación con el aumento de quejas reportado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el fiscal sostuvo que cada expediente recibe seguimiento por parte del órgano de control interno, el cual tiene la facultad de iniciar procedimientos y aplicar sanciones cuando se acrediten responsabilidades.
Finalmente, reiteró que la prioridad de la Fiscalía es fortalecer la profesionalización de su personal y mantener una coordinación permanente con los organismos defensores de derechos humanos para mejorar el desempeño institucional y brindar certeza a la ciudadanía.