Ante el aumento de denuncias por incumplimientos en la venta de paquetes vacacionales y servicios turísticos, la diputada local de Morena, Brenda Velázquez presentó una iniciativa para fortalecer el marco legal y sancionar de manera más efectiva a quienes cometan este tipo de fraudes.
La legisladora propuso reformas al Código Penal del Estado con el objetivo de tipificar de manera específica el fraude turístico y permitir que las autoridades puedan iniciar investigaciones sin necesidad de que exista una denuncia individual por parte de las víctimas.
Velázquez explicó que la propuesta surge ante casos recurrentes en los que supuestas agencias de viajes ofrecen promociones, hospedajes o traslados atractivos, reciben anticipos o pagos de los clientes y posteriormente incumplen con los servicios contratados o desaparecen sin realizar reembolsos.
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“Estamos hablando de esquemas que afectan simultáneamente a decenas de personas y generan pérdidas millonarias. La autoridad debe contar con herramientas para actuar con mayor rapidez y evitar que estos casos queden impunes”, señaló la diputada.
¿Cómo se sancionaría el incumplimiento de paquetes vacacionales?
La iniciativa contempla la creación del Artículo 386 Bis, mediante el cual se equipararía al delito de fraude la comercialización de servicios turísticos sin contar con la capacidad real para prestarlos, así como el incumplimiento injustificado una vez recibido el pago total o parcial por parte de los usuarios.
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Asimismo, plantea modificaciones al Artículo 408 para que estos delitos puedan ser perseguidos de oficio por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, evitando que las investigaciones dependan exclusivamente de las denuncias presentadas por cada afectado.
De acuerdo con los datos expuestos por la legisladora, durante 2025 la Procuraduría Federal del Consumidor registró 73 quejas contra proveedores de servicios turísticos en Nuevo León, mientras que en los primeros meses de 2026 se contabilizaron 22 casos adicionales relacionados principalmente con cancelaciones, incumplimientos y negativas de reembolso.
“No podemos permitir que quienes juegan con el patrimonio de las familias sigan aprovechando vacíos legales. Esta reforma busca enviar un mensaje claro de que habrá consecuencias para quienes engañen a los consumidores”, afirmó.
Además de las sanciones penales correspondientes, la propuesta contempla la inhabilitación de los responsables para operar como prestadores de servicios turísticos, así como medidas aplicables a las empresas involucradas en este tipo de prácticas.
De ser aprobada por el Congreso local, la reforma permitiría una intervención más ágil de las autoridades ante afectaciones masivas y reforzaría la protección de los consumidores que contratan servicios turísticos en la entidad.