La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves de Nuevo León obtuvo dos sentencias condenatorias de 15 años de prisión contra hombres encontrados responsables de delitos relacionados con homicidio y desaparición de personas, en casos ocurridos durante 2024 en los municipios de Monterrey y Pesquería.
En ambos procesos, jueces de juicio oral determinaron que la Fiscalía acreditó plenamente la responsabilidad penal de los acusados mediante pruebas documentales, periciales, científicas y testimoniales que permitieron esclarecer los hechos.
Uno de los sentenciados es Luis Fernando "N", quien fue condenado por delitos vinculados con la desaparición de personas tras ocultar el cadáver de un hombre identificado como José Guadalupe.
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De acuerdo con la investigación, el 1 de julio de 2024 policías de Pesquería acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Valle de Santa María tras recibir reportes por olores fétidos. En el inmueble localizaron el cuerpo de la víctima en estado de putrefacción y al ahora sentenciado con manchas hemáticas en su ropa.
Las periciales determinaron que la víctima falleció a consecuencia de una contusión profunda de cráneo y que el cuerpo permaneció oculto entre tres y cinco días dentro de la vivienda.
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Defendió a una mujer y fue asesinado con un cuchillo
En otro caso, Cristian Alberto "N", de 23 años de edad, fue condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio simple intencional, además del pago por reparación del daño y gastos funerarios.
Los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2024 en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Lincoln, en la colonia San Jorge, en Monterrey.
La investigación estableció que el acusado buscó a una ex pareja sentimental para pedirle retomar la relación. Ante la negativa, comenzó a agredirla verbal y físicamente.
Jorge Alberto, de 47 años, intervino para defender a la mujer, momento en el que fue atacado con un cuchillo por el ahora sentenciado, quien posteriormente huyó del lugar. La víctima falleció debido a las heridas sufridas durante la agresión.
Tras el desarrollo de ambos juicios orales, los jueces emitieron fallos condenatorios y ordenaron que los sentenciados cumplan las penas impuestas en un Centro de Reinserción Social Estatal.