La madrugada del miércoles 27 de mayo, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Del Vidrio, al oriente de Monterrey, que era utilizado como sede por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) .
El operativo culminó con la detención de su presidente, Jorge "N" , y de dos de sus colaboradoras, quienes enfrentan acusaciones por el presunto delito de despojo de inmueble.
Pero más allá del arresto, el caso ha puesto en evidencia la operación de una organización que, de acuerdo con las autoridades, carece de cualquier facultad legal para intervenir en conflictos judiciales.
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La detonación del caso se remonta al pasado mes de marzo, cuando la CIDH participó en un procedimiento de desalojo en la colonia San Javier, en el municipio de Apodaca.
Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) y la propia Fiscalía han dejado claro que la agrupación no tiene la investidura para realizar ese tipo de actos.
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¿Un organismo oficial o un engaño?
Aunque sus siglas e iconografía puedan sugerir lo contrario, la CIDH que operaba en Nuevo León no es un organismo público ni tiene ninguna relación oficial con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el órgano real de la OEA.
Utilizando logotipos semejantes a los del Poder Judicial del Estado e insignias similares a las de las Naciones Unidas, la organización se ostentaba como defensora de los derechos humanos, cuando en realidad se trataría de una asociación civil que ofrecía "servicios jurídicos" al margen de la ley.