Las obras que el municipio de Monterrey realizaba en el entorno del Arco de la Independencia fueron suspendidas luego de que la Jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa ordenara la suspensión temporal definitiva, al considerar que las intervenciones podrían generar daños irreparables a un inmueble con valor histórico y cultural.
La resolución judicial fue emitida el pasado 14 de mayo dentro del juicio de amparo 506/2026, promovido por una ciudadana que impugnó los trabajos ejecutados en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Francisco I. Madero, en el centro de la ciudad.
De acuerdo con el fallo, la autoridad federal determinó que existen elementos suficientes para detener temporalmente las obras mientras se revisa si el municipio cumplió con los permisos, licencias y estudios necesarios para intervenir una zona protegida por normativas federales de conservación patrimonial.
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Como parte de la resolución, el juzgado ordenó al municipio presentar en un plazo de 24 horas toda la documentación relacionada con las autorizaciones y procedimientos administrativos vinculados con la obra pública alrededor del histórico monumento.
Además, la jueza solicitó al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informar si la intervención requería autorización federal, así como detallar si existen medidas de protección o procedimientos administrativos relacionados con el Arco de la Independencia.
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¿Qué fue lo que pasó?
La controversia comenzó el pasado 16 de abril, cuando el municipio arrancó trabajos de adecuación vial con el objetivo de recuperar seis carriles de circulación y reducir la carga vehicular en la zona. El proyecto había sido anunciado previamente por el alcalde Adrián de la Garza como parte de un plan de movilidad urbana con una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos.
Sin embargo, días después del inicio de las obras, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el INBAL solicitaron formalmente la suspensión de las intervenciones al señalar que no existían autorizaciones federales para modificar el entorno del monumento inaugurado en 1910.
Pese a las observaciones de las dependencias culturales, el municipio continuó con los trabajos hasta la emisión de la resolución judicial que ahora obliga a detener las obras mientras se analiza el fondo del amparo.