El Tribunal Electoral de Nuevo León declaró la existencia de violencia política en razón de género cometida por la alcaldesa de Zuazua, Elva Deyanira Martínez, en contra de la síndica segunda del municipio, Ana Laura Huerta Sosa.
La decisión fue aprobada por unanimidad durante la sesión jurisdiccional en la que se resolvió el procedimiento especial sancionador del expediente 8/2025.
Los magistrados avalaron el proyecto de sentencia promovido por Huerta Sosa, quien denunció presuntos actos de violencia y trato diferenciado por parte de la alcaldesa morenista.
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El Tribunal determinó que sí existieron conductas que afectaron el desempeño del cargo de la síndica y que dichas acciones tuvieron un impacto desproporcionado basado en cuestiones de género.
Los resolutivos del Tribunal
Durante la lectura de los resolutivos de la sentencia, se precisó lo siguiente:
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"Primero, se declara la inexistencia de la infracción en cuanto a Luis Joaquín Pérez Reina y Óscar Patricio Cervantes Leija, por las razones expuestas en la presente resolución. Segundo, se declara la existencia de violencia política en razón de género atribuida a Elva Martínez. Tercero, se ordena dar vista al Cabildo de Zuazua y cuarto, se vincula a las autoridades ejecutoras conforme a lo dispuesto en esta sentencia".
De esta forma, el órgano electoral exoneró de responsabilidad al secretario del Ayuntamiento, Luis Joaquín Pérez Reina, y al secretario de Administración, Óscar Patricio Cervantes Leija.
Los antecedentes del caso
La denuncia fue presentada por Huerta Sosa en julio de 2025, luego de que, según expuso, comenzó a recibir un trato diferenciado dentro de la administración municipal tras solicitar información relacionada con acciones y decisiones del Ayuntamiento.
De acuerdo con la síndica, después de realizar diversas peticiones oficiales sobre temas administrativos y de gobierno, comenzó a enfrentar presuntos actos de acoso y obstáculos en el ejercicio de sus funciones como Síndica Segunda.
Huerta Sosa también argumentó que existía una diferencia en el trato que recibía respecto al síndico primero, Jesús Alberto Vega Castillo, situación que, aseguró, limitaba sus actividades dentro del Cabildo y afectaba el desempeño de su cargo.
Con esta resolución, el Tribunal Electoral de Nuevo León reafirma la obligación de las autoridades municipales de garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, libres de violencia y discriminación.