José Lobatón, propietario de la desarrolladora inmobiliaria Proyectos 9, obtuvo una suspensión provisional por parte del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, con la que frena cualquier intento de las autoridades por detenerlo.
Según la resolución emitida por el juez Mario Melo, el amparo, que fue promovido por el empresario para evitar una posible orden de aprehensión en su contra, tendrá efectos momentáneos ya que será en la audiencia incidental de este miércoles 29 de abril cuando se determine si la protección se vuelve definitiva.
Este recurso legal ocurre en medio de un creciente escándalo por presunto fraude inmobiliario en el que se han presentado 79 denuncias formales en contra de Lobatón y otros altos directivos de la compañía.
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¿Qué fue lo que pasó?
De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los afectados aseguran haber realizado aportaciones por desarrollos que prometían ser de alto nivel, pero que no fueron entregados en los plazos establecidos o nunca se concretaron. El monto total del dinero que presuntamente fue desviado asciende a poco más de 400 millones de pesos.
Aunque el número de querellas presentadas ante el Ministerio Público es de 79, los abogados de las víctimas aseguran que más de mil personas habrían sido afectadas al haber comprado departamentos cuyas obras nunca iniciaron. La presión social en contra del empresario ha ido en aumento y este domingo, un grupo de quejosos llevó a cabo una protesta en el municipio de San Pedro Garza García para exigir justicia y anunciaron que enviarían una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedirle su intervención.
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Mientras tanto, el proceso judicial continúa su curso en dos frentes: por un lado, el Juzgado de Distrito resolverá el fondo del amparo promovido por Lobatón el próximo 22 de mayo; por el otro, la Fiscalía estatal tiene programada la primera audiencia de imputación en contra del acusado para el 6 de mayo, a la que seguirán otras diligencias —todas agendadas durante mayo y junio— en las que se revisarán las distintas carpetas de investigación. Los denunciantes mantienen su exigencia de que se haga justicia y que se aplique la ley de manera imparcial, independientemente de la suspensión provisional que hoy lo protege.