El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) escaló este lunes su oposición al proyecto de movilidad que el Municipio de Monterrey impulsa en el entorno del Arco de la Independencia.
A través de su Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, el organismo federal entregó al Ayuntamiento de Adrián de la Garza un oficio en el que exige la suspensión inmediata de las adecuaciones viales que buscan reabrir dos carriles vehiculares bajo el monumento, mismos que habían sido convertidos en una rotonda peatonal durante la administración del exalcalde Luis Donaldo Colosio.
El documento está firmado por Rodrigo Luna Tapia, director del departamento mencionado, y fue recibido ayer por el Municipio. En él se establece que la dependencia federal nunca dio el visto bueno al proyecto, iniciado la semana pasada. Dicha autorización es obligatoria debido a las características arquitectónicas del Arco, una obra de estilo ecléctico del arquitecto Alfred Giles y el constructor Pedro Cabral, inaugurada en 1910 para conmemorar el Centenario de la Independencia de México.
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El monumento, ubicado en Madero y Pino Suárez, está registrado como Bien Inmueble de Valor Cultural en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del INAH.
Paralelamente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Nuevo León también actuó. En otro oficio firmado por su delegada, Martha Elda Ávalos, se exhortó al Municipio a suspender de manera inmediata cualquier intervención en el monumento y su entorno, mientras no se cuente con las autorizaciones federales correspondientes. Además, se solicitó regularizar la situación del proyecto ante el INBAL. La base legal de ambos pronunciamientos es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que faculta a estas instancias para prohibir obras no autorizadas en patrimonio histórico.
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La petición del INBAL llega en un contexto de máxima tensión política. Apenas días antes, el Congreso de Nuevo León había rechazado, por mayoría de votos, exhortar al INAH para que interviniera y detuviera el proyecto, argumentando que la obra prioriza la movilidad y la seguridad de los automovilistas. Ahora, el propio gobierno federal, a través de sus instituciones culturales, presiona directamente al Municipio por la vía administrativa.
El alcalde Adrián de la Garza ha defendido el proyecto como una solución técnica para agilizar el tráfico en una de las zonas más congestionadas de la ciudad. Ha asegurado que se realizaron estudios viales y que los pasos peatonales no serán eliminados por completo, sino que se mantendrán con semaforización para garantizar la seguridad de quienes transitan a pie.
Por ahora, los trabajos continúan realizándose en la zona a pesar de las protestas y los oficios federales. Se espera que en los próximos días el INAH emita un dictamen oficial sobre la legalidad y pertinencia de la intervención, mientras la presión sobre el gobierno municipal no cesa.