La asociación civil Color Esperanza Monterrey, dedicada a apoyar a personas en situación vulnerable, enfrenta un embargo tras perder un juicio laboral promovido por una excolaboradora.
La presidenta del colectivo, Blanca Álvarez Cardiel, informó que la organización se encuentra a la espera de que autoridades acudan con fuerza pública para ejecutar la medida.
“Me ha causado ansiedad… ya nada más queda esperar el embargo”, expresó.
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De acuerdo con su versión, la demanda fue interpuesta por una mujer que participó como voluntaria en diferentes etapas dentro de la asociación y posteriormente alegó haber trabajado durante cinco años, argumentando un despido injustificado.
¿Cómo se desarrolló la disputa judicial?
Según la dirigente, la relación con la excolaboradora inició en 2020 como voluntaria, con un apoyo económico para gastos operativos, y se retomó en 2022 tras la formalización de la asociación como organismo de beneficencia.
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Sin embargo, tras conflictos internos y señalamientos por parte de otros integrantes, la colaboración terminó, lo que derivó en la demanda legal.
La excolaboradora solicitó inicialmente una indemnización de 200 mil pesos, pero el caso escaló a juicio laboral, donde se determinó un pago cercano a 270 mil pesos por concepto de sueldos caídos.
Ante ello, la asociación promovió un amparo; no obstante, durante el proceso también recibió una orden de pago por 90 mil pesos como medida de subsistencia para la demandante.
Al no poder cubrir estos montos ni alcanzar un acuerdo, se fijó el embargo de las instalaciones del colectivo, aunque no se específico la fecha en que se realizaría el mismo.
La situación ha generado inquietud entre integrantes y beneficiarios de la asociación, debido al posible impacto en sus actividades de apoyo a personas en situación vulnerable. La dirigente señaló que el caso ha sido complejo y que esperan que las autoridades revisen el proceso legal.