El caso de la "Tía Paty" tomó relevancia tras la detención de Astrid “N” y César “N”, señalados como presuntos administradores de una red digital que operaba en Nuevo León mediante cuentas anónimas en redes sociales y mensajería privada.
Las autoridades los investigan por delitos relacionados con suplantación de identidad y extorsión, con al menos siete carpetas abiertas hasta el momento. Dicha operación consistía en la difusión de contenido sensible o publicaciones dirigidas a figuras públicas y usuarios, con la opción de retirar ese material a cambio de dinero.
Además, se reporta que la estructura incluía cobros por acceso a grupos privados, niveles de membresía y contenido exclusivo que incrementaban su alcance dentro de la comunidad digital.
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El impacto de esta red se amplificó por su presencia en plataformas como Instagram y Telegram, donde acumuló decenas de miles de seguidores. A través de estos canales se difundían señalamientos, rumores y contenido que afectaba directamente la reputación de personas del ámbito empresarial, social y del entretenimiento.
Entre los perfiles que fueron expuestos o vinculados a este esquema destacan Poncho de Nigris, Mariana Rodríguez, Ale Sada, Paola Wise, Adrián Marcelo, Un tal Fredo, Mallory Caballero y Elsa Burgos, quienes forman parte de la lista de influencers que enfrentaron publicaciones en estas cuentas.
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Algunos de ellos han dado a conocer su experiencia tras verse involucrados en esta dinámica. Adrián Marcelo señaló que la situación escaló hasta afectar a su entorno familiar, luego de la difusión de datos personales mientras participaba en "La Casa de los Famosos".
El caso evidenció la forma en que la información privada podía ser utilizada como mecanismo de presión.
Otro de los casos es el de Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido como “Un tal Fredo”, quien previamente había emprendido acciones legales contra este tipo de cuentas. Su señalamiento coincide con el patrón descrito por las autoridades, en el que primero se publicaban acusaciones y posteriormente se solicitaban pagos para retirar el contenido
Además de la extorsión, las indagatorias contemplan posibles delitos adicionales como la trata de personas. El caso continúa en desarrollo mientras se revisa el alcance real de las operaciones digitales vinculadas a la “Tía Paty”.