Un juez de control impuso una serie de medidas a tres personas acusadas por su presunta participación en un caso de denuncia falsa contra el senador Waldo Fernández, entre las que destaca el pago de 3.2 millones de pesos como reparación del daño, monto que deberá cubrirse en un plazo de 18 meses, a partir del próximo lunes.
Durante la audiencia 156/2026, celebrada en la sala tres y con una duración aproximada de 30 minutos, el juzgador determinó que los imputados, entre los que se encuentra Karina Barrón, deberán cumplir diversas condiciones, entre ellas residir en un mismo domicilio, ofrecer una disculpa pública a través de redes sociales y abstenerse de emitir declaraciones públicas relacionadas con el caso.
Asimismo, se estableció que los acusados no podrán tener contacto directo ni indirecto con la víctima, además de implementar una campaña en redes sociales enfocada en la no repetición del daño ocasionado. También deberán realizar 30 horas de servicio social en favor del Estado, distribuidas en jornadas de una a dos horas diarias durante el mismo periodo de cumplimiento.
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En la audiencia, Débora N tomó la palabra para ofrecer una disculpa, argumentando que actuó bajo presión externa y en un contexto de vulnerabilidad. Afirmó además que no conocía previamente a la persona afectada y expresó respeto hacia él y su familia.
Por su parte, Gustavo N reconoció haber actuado de manera indebida, señalando que los hechos formaron parte de un montaje. También admitió que no contaba con cédula profesional al momento de presentar la denuncia y que recibió presiones de superiores y terceros.
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El juez también emitió una recomendación a la Fiscalía para que desarrolle protocolos específicos de actuación en casos de denuncias falsas, con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro.
Se informó que el próximo 18 de octubre se llevará a cabo una nueva audiencia de seguimiento para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas. En caso de incumplimiento, el acuerdo podría ser revocado.