Tras meses de controversia y múltiples reportes por vulnerar la integridad de ciudadanos, la red de la “Tía Paty” ha sido desarticulada de sus plataformas principales. El ecosistema digital, que llegó a concentrar a más de 70 mil miembros, operaba bajo un esquema de monetización basado en el desprestigio y la difusión de información privada.
Un modelo de negocio basado en el 'quemón'
Lo que inició como una página de contenido viral mutó en una red de canales de Telegram con propósitos específicos: ventas, difusión de contenido y un exclusivo canal de "chismes". Para acceder a este último, los usuarios debían pagar una suscripción de 300 pesos, obteniendo así acceso a información no verificada y ataques directos contra particulares.
De acuerdo con denuncias de usuarios afectados, la plataforma permitía la difamación pagada. Colectivos y expertos en redes sociales catalogaron a la página como un espacio que violentaba sistemáticamente a las personas, operando en el límite de la legalidad. Los ataques dejaron de centrarse en figuras públicas para afectar a personas particulares y negocios locales, impactando severamente su reputación y patrimonio.
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De la difamación a la extorsión: el modus operandi
Ante la presión de las redes sociales convencionales, los administradores migraron su operación a Telegram. En esta aplicación de mensajería, el anonimato y la falta de regulación permitieron que el contenido escalara en agresividad, convirtiéndose en un foco de acoso cibernético.
Bajo un esquema de manipulación y chantaje, la red operada por la figura conocida como "La Tía Paty" utilizaba un catálogo digital para captar mujeres bajo falsas promesas, solo para después convertirlas en víctimas de extorsión. De acuerdo con las denuncias, el modus operandi no se limitaba al reclutamiento, sino que se extendía a los denominados "sobrinos", a quienes se les exigían pagos económicos bajo la amenaza de difundir contenido de carácter sexual para dañar su reputación.
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Este sistema de violencia digital y coerción mantenía un ciclo de lucro basado en el miedo y la vulneración de la intimidad de ambas partes, dejando un rastro de víctimas que ahora buscan justicia tras la desactivación de las cuentas principales.