Será este viernes cuando se defina la situación jurídica del elemento de la Policía de Guadalupe que participó en el operativo donde un hombre perdió la vida tras presuntamente amenazar a los oficiales con un machete en la colonia Valle Sol.
El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que el caso continúa en integración y que la resolución se dará conforme a derecho, una vez que se revisen todas las diligencias y pruebas recabadas durante la investigación.
De acuerdo con la autoridad, el hombre fallecido fue identificado como Ángel Cruz, de 31 años, quien presuntamente fue neutralizado por los policías ante el riesgo de que pudiera agredirlos durante la intervención.
Te podría interesar
Hechos ocurrieron tras reporte por quema de cobre
Los hechos se registraron en el cruce de las calles Verdón y De la Veranada, en la colonia Valle Sol, luego de que vecinos reportaran la quema de cable de cobre en la zona.
Al arribar al sitio, los elementos policiacos intentaron realizar la detención del sospechoso; sin embargo, este habría aprovechado el momento para amenazarlos con un machete, lo que derivó en el uso de la fuerza por parte de los oficiales.
Te podría interesar
El fiscal explicó que el agente involucrado se encuentra plenamente identificado y que su situación legal será definida una vez que se concluya la integración de la carpeta de investigación.
“Alrededor del mediodía se resuelve la situación jurídica; puede dejarse en libertad al tratarse de un servidor público plenamente identificado mientras se continúa con la carpeta”, señaló.
Fiscalía evaluará si policía continúa en libertad durante el proceso
Flores Saldívar indicó que, debido a que el elemento es un servidor público con identidad y domicilio conocidos, existe la posibilidad de que continúe el proceso en libertad mientras se determinan responsabilidades, siempre y cuando así lo permitan las circunstancias legales del caso.
La Fiscalía estatal reiteró que el análisis se realizará bajo los protocolos correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar que la resolución se apegue a la ley y al respeto de los derechos tanto del oficial como de la víctima.