Representantes de organismos empresariales, universidades y organizaciones de la sociedad civil presentaron una iniciativa de reforma orientada a fortalecer el proceso de elección de jueces y magistrados en Nuevo León, de cara al cambio previsto para 2027, cuando las personas juzgadoras serán elegidas mediante voto ciudadano.
Mauricio Garza Garza subrayó que la propuesta busca generar confianza en el sistema judicial. Señaló que el nuevo modelo representa una oportunidad democrática, pero también implica retos importantes.
Asimismo, enfatizó que la justicia no debe depender de factores políticos o de popularidad.
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“La justicia no puede depender de campañas llamativas, concursos de popularidad o de cuánto se puede gastar en una campaña. La justicia no es un concurso de simpatía, es una función técnica, ética y profundamente delicada”, afirmó.
Por su parte, Lila Zaire Flores Fernández explicó que uno de los ejes centrales de la iniciativa es establecer filtros previos que garanticen la idoneidad de los perfiles.
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“Proponemos una evaluación técnico-jurídica previa a que las personas puedan aparecer en la boleta, para asegurarnos de que cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias”, detalló.
Añadió que también se contemplan reglas más estrictas para asegurar la independencia judicial y evitar conflictos de interés.
Entre los planteamientos, se incluye la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con funciones claramente separadas.
Desde la academia, José Roble Flores Fernández destacó la importancia de la formación jurídica en la función judicial y señaló que la labor de juzgar implica una alta responsabilidad social.
En representación del sector empresarial, Roberto Cantú Alanís aseguró que la iniciativa también busca fortalecer el desarrollo económico del estado.
Advirtió que la incertidumbre judicial impacta directamente en la economía.
Finalmente, Juan Pablo Campos explicó que la propuesta contempla reducir el número de candidaturas por cargo para facilitar la decisión ciudadana, además de limitar la intervención de actores políticos.
La iniciativa cuenta con el respaldo de organismos como Caintra Nuevo León, Canaco Monterrey, Coparmex Nuevo León, así como instituciones académicas como el Tecnológico de Monterrey, la Facultad Libre de Derecho, la Universidad de Monterrey y la Universidad Regiomontana, entre otras.