La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos en Materia de Trata de Personas (UILEDMTP), obtuvo este martes el auto de vinculación a proceso en contra de Carlos "N", de 33 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, violación, violación equiparable y corrupción de menores, cometidos en agravio de una adolescente de 15 años.
La audiencia celebrada este 17 de marzo resolvió la situación jurídica del imputado, quien fue detenido el pasado 12 de marzo en calles de la colonia Valle de las Mitras, en el municipio de Monterrey, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Acreditación de los hechos
Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la UILEDMTP imputó formalmente a Carlos "N" por hechos ocurridos durante el año 2025 en un municipio del área metropolitana.
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De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado habría sometido a la víctima mediante amenazas de dañar a su familia si no accedía a sus exigencias, logrando así doblegar su resistencia para cometer diversos actos de interacción sexual en contra de su voluntad.
Además de las agresiones físicas y psicológicas, se estableció que el ahora investigado grababa los actos con un dispositivo celular, produciendo material de video con imágenes explícitas de exhibición corporal de la adolescente, con posibles fines de almacenamiento y exhibición, lo que configura el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.
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Resolución judicial
El Juez de control determinó que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público eran suficientes para acreditar tanto la existencia de los delitos como la probable participación de Carlos "N" en los hechos imputados, por lo que dictó en su contra auto de vinculación a proceso por todos los delitos solicitados.
Como medida cautelar, se impuso la prisión preventiva con internamiento en un Centro de Readaptación Social Estatal, donde permanecerá mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.
El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará recabando elementos para llevar el caso a juicio.