El diputado Glen Villarreal Zambrano presentó ante el Congreso del Estado un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar posibles prácticas de persecución política desde la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
La solicitud surge tras el caso que llevó a la detención y vinculación a proceso de la funcionaria Karina “N”, señalada por presuntamente fabricar una carpeta de investigación contra el senador Waldo Fernández González.
Durante su intervención, Villarreal señaló que mientras se desempeñaba como vocero de su partido se le abrieron 21 carpetas de investigación que calificó como inventadas, todas en un periodo de alta confrontación política.
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El legislador afirmó que, al sumar las penas potenciales asociadas a esos expedientes, la cifra alcanzaría 298 años de prisión, lo que consideró desproporcionado. Incluso comparó el número de carpetas abiertas en su contra con las que han enfrentado criminales notorios como Joaquín “El Chapo” Guzmán o Nemesio Oseguera “El Mencho”.
“Si a Karina ‘N’ le dieron prisión por fabricar una carpeta, la pregunta es obligada: ¿qué tiene que pasar con quienes me fabricaron veintiuna?”, señaló Villarreal.
Solicitan revisión federal sobre prácticas de la Fiscalía estatal
El diputado sostuvo que él mismo ha sido objeto de múltiples carpetas de investigación abiertas desde la Fiscalía estatal durante el periodo en que fungía como vocero de Movimiento Ciudadano, lo que —dijo— coincide con momentos de confrontación política en la entidad.
Asimismo, advirtió sobre una presunta politización de la procuración de justicia, al señalar que 249 elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León estarían formalmente afiliados al PRI, situación que, afirmó, pone en duda la imparcialidad institucional.
“Esto no es una institución de procuración de justicia: es una célula partidista con placas y pistolas, el brazo persecutor de una facción política”, declaró.
El Punto de Acuerdo propone que la Fiscalía General de la República investigue las prácticas institucionales de la Fiscalía de Nuevo León, particularmente en relación con la integración de denuncias, la apertura de carpetas de investigación y la posible utilización del sistema penal con fines políticos.
Villarreal indicó que el precedente judicial derivado del caso de Karina “N” obliga a revisar otros expedientes que pudieran haber sido integrados bajo circunstancias similares, con el objetivo de garantizar que la procuración de justicia se ejerza con imparcialidad.
El legislador enfatizó que el exhorto no busca interferir en procesos judiciales en curso, sino solicitar una revisión institucional que permita esclarecer posibles irregularidades y fortalecer la confianza pública en las instituciones de justicia.
“La justicia en este estado no solo protege a quienes delinquen; también castiga a quienes se atreven a señalarlos”, afirmó.
Finalmente, Villarreal cuestionó que, si este tipo de prácticas pueden ocurrir contra un legislador con visibilidad pública, qué podría suceder con ciudadanos que no cuentan con respaldo político para defenderse.