El Congreso del Estado avaló por unanimidad una reforma a la Ley de Seguridad Pública Estatal para establecer el uso obligatorio de cámaras corporales en los uniformes de los elementos policiales, con el objetivo de fortalecer la transparencia y combatir prácticas indebidas.
La iniciativa fue impulsada por el diputado del PAN, Miguel Lechuga, y contempla modificaciones a diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León para regular de manera formal la utilización de cámaras de solapa digitales por parte del personal operativo.
De acuerdo con el dictamen, la reforma surge ante denuncias ciudadanas y de transportistas relacionadas con presuntos actos de extorsión y operativos con fines recaudatorios en algunos municipios, entre ellos Santa Catarina. El legislador señaló que la implementación de estos dispositivos representa una herramienta para proteger a la población y garantizar un actuar policial objetivo.
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“Es dar un paso más para proteger a todas y todos los ciudadanos de Santa Catarina y de todo Nuevo León, que están hartos de los moches (sic) y de la corrupción que hay en los municipios”, afirmó.
La nueva disposición establece que las autoridades deberán promover el uso de cámaras corporales entre el personal operativo, así como vigilar que los elementos las porten de forma visible y en condiciones adecuadas durante el desempeño de sus funciones.
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Entre los alcances de la reforma se encuentran la disuasión de conductas indebidas, la reducción de actos de corrupción y abusos de autoridad, además de la generación de evidencia audiovisual que pueda ser utilizada como prueba en procedimientos judiciales. Con ello, se busca también reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
Durante la discusión, el diputado sostuvo que la medida obligará a los municipios a equipar a sus corporaciones policiacas con esta tecnología, lo que dijo, marcará un antes y un después en el combate a prácticas irregulares. Añadió que al quedar documentados los operativos, se limitarán los espacios para actos de extorsión y se facilitará la denuncia de posibles abusos.
En su posicionamiento, el legislador también lanzó señalamientos contra la administración municipal de Santa Catarina y el alcalde Jesús Nava, al considerar que la reforma contribuirá a frenar conductas indebidas en el ejercicio de la función pública. Con la aprobación del dictamen, el Congreso Local busca consolidar mecanismos de supervisión tecnológica que fortalezcan la rendición de cuentas en los cuerpos policiales y garanticen un servicio de seguridad más transparente para la ciudadanía.