El alcalde de Monterrey, Adrian de la Garza Santos, informó que ha enfrentado presiones y amenazas derivadas de las acciones emprendidas por su administración para combatir la operación de casinos presuntamente irregulares y redes vinculadas a la trata de personas en la ciudad.
El edil señaló que su gobierno mantiene operativos permanentes para impedir la apertura de establecimientos que no cumplan con la normatividad vigente, al advertir la existencia de grupos de poder que buscan favorecer este tipo de negocios. Indicó que estas acciones incluyen la presentación de denuncias formales ante las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones necesarias.
Asimismo, el presidente municipal expresó que existen intereses nacionales e internacionales que pretenden instalar centros de apuestas en distintos puntos de Monterrey, particularmente ante la expectativa de la llegada de visitantes por la próxima Copa Mundial de la FIFA.
Te podría interesar
El alcalde explicó que algunos grupos buscaban abrir un megacasino en un inmueble ubicado en la zona de San Jerónimo, donde anteriormente operaba un gimnasio, pese a que —según dijo— no existen permisos para ese giro en ese sitio.
Advirtió que estas actividades podrían estar relacionadas con delitos como la explotación de personas, por lo que su administración ha reforzado la coordinación con instancias estatales y federales.
Te podría interesar
El edil también manifestó que algunos recursos legales obtenidos en tribunales han dificultado la clausura de establecimientos señalados como irregulares, lo que obliga al municipio a fortalecer sus estrategias jurídicas.
Las declaraciones se dieron tras la firma de un convenio de colaboración con la Fiscalia General de Justicia de Nuevo Leon, la Asociacion Mexicana de Hoteles de Nuevo Leon y el UNICEF, con el propósito de fortalecer la prevención, detección y denuncia de casos de trata de personas.
El acuerdo contempla la capacitación del sector hotelero para identificar posibles situaciones de riesgo, así como la implementación de mecanismos de coordinación entre autoridades e iniciativa privada para atender denuncias de manera oportuna.
Finalmente, el alcalde reiteró que su gobierno mantendrá una política firme de vigilancia y colaboración interinstitucional para combatir prácticas ilícitas y garantizar la seguridad en la capital de Nuevo León.