NUEVO LEON

Proponen en Nuevo León sancionar filtración de evidencias en investigaciones penales

Presentan en el Congreso de Nuevo León la “Ley Ingrid” para sancionar a servidores públicos que filtren evidencias de investigaciones penales y evitar la revictimización.

La diputada Grecia Benavides presentó en el Congreso de Nuevo León la iniciativa “Ley Ingrid” contra la filtración de evidencias.
La diputada Grecia Benavides presentó en el Congreso de Nuevo León la iniciativa “Ley Ingrid” contra la filtración de evidencias.Créditos: Alma Torres
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Con el objetivo de castigar a servidores públicos que difundan información reservada de procesos penales, la diputada local Grecia Benavides, integrante de Morena, presentó nuevamente ante el Congreso del Estado de Nuevo León la iniciativa conocida como “Ley Ingrid”.

La propuesta plantea tipificar como delito la difusión de imágenes, audios, videos u otros datos que formen parte de carpetas de investigación y se encuentren bajo resguardo de las autoridades, con el fin de proteger la dignidad de las víctimas y sus familiares.

Para ello, se busca modificar el artículo 224 del Código Penal del estado, estableciendo sanciones que van de seis meses a seis años de prisión, mismas que podrían incrementarse hasta en una mitad cuando los casos estén relacionados con feminicidio.

Buscan frenar la revictimización desde las instituciones

La legisladora explicó que el reingreso de la iniciativa tiene como finalidad que el Poder Legislativo analice su viabilidad dentro del proceso parlamentario correspondiente.

“La lucha para erradicar la violencia también es responsabilidad de los funcionarios, y debe quedar claro que no se debe revictimizar a nadie filtrando evidencias del proceso de investigación”, afirmó Benavides.

De acuerdo con la diputada, la difusión de material vinculado a investigaciones penales puede generar afectaciones adicionales a víctimas y familiares, al agravar el daño ocasionado por los hechos delictivos. Por ello, subrayó que la obligación de prevenir estas prácticas recae directamente en las autoridades encargadas de la procuración de justicia, ya que se trata de información bajo su custodia.

“Estamos hablando de la dignidad de las personas y de garantizar que los servidores públicos que procuran justicia también tengan la responsabilidad de no revictimizar a ninguna persona”, señaló.

Benavides puntualizó que la iniciativa no limita el ejercicio periodístico ni la libertad de expresión, ya que las sanciones estarían dirigidas exclusivamente a funcionarios públicos con acceso legal a los elementos de investigación.