El Gobierno de Nuevo León, en conjunto con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, obtuvo una resolución jurídica considerada histórica al lograr que una reclamación económica de 3 mil 400 millones de pesos se redujera a 32 millones, dentro del procedimiento arbitral relacionado con el proyecto Monterrey VI.
La determinación se dio tras un largo y complejo arbitraje comercial iniciado por el consorcio AQUOS, el cual exigía una indemnización multimillonaria por supuestos daños derivados de la cancelación del Contrato de Asociación Público-Privada (CAPP).
Argumentación clave: El contrato nunca entró en vigor
De acuerdo con la resolución, la defensa jurídica del Estado logró acreditar que no existían los daños reclamados, ya que el contrato señalado nunca entró en vigor debido a incumplimientos atribuibles al propio consorcio demandante.
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La estrategia legal fue coordinada por Javier Navarro Velasco, titular de la Coordinación del Gabinete de Buen Gobierno, quien encabezó la postura institucional basada en la inexistencia de obligaciones contractuales ejecutables.
Gracias a esta argumentación, el tribunal arbitral determinó que únicamente se reconocieran 32 millones de pesos por daños debidamente comprobados, dejando sin sustento más del 99 por ciento del monto originalmente reclamado.
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Ahorro millonario para las finanzas públicas
El fallo evitó un impacto financiero severo para Nuevo León, al impedir el desembolso de más de 3 mil 368 millones de pesos de recursos públicos, lo que representa uno de los resultados más relevantes en materia de defensa patrimonial del Estado en los últimos años.
Como parte del cierre formal del caso, Eduardo Ortegón Williamson, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, firmó el convenio legal con el que se da por concluido el procedimiento arbitral en términos altamente favorables para el organismo.