Con el objetivo de evitar que posibles irregularidades en el uso de recursos públicos se detecten meses después —cuando ya es complicado corregir o sancionar—, la diputada del PRI, Armida Serrato Flores, presentó dos iniciativas de reforma para implementar auditorías en tiempo real en Nuevo León.
Las propuestas plantean modificaciones a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Fiscalización Superior, con el fin de fortalecer las facultades de la Auditoria Superior del Estado de Nuevo Leon y permitirle actuar de inmediato ante posibles anomalías en el ejercicio del gasto público.
¿Qué cambiaría con la reforma?
Actualmente, explicó la legisladora, el esquema de fiscalización permite auditorías extraordinarias solo en casos específicos, cuyos resultados se integran posteriormente a la cuenta pública. Esto genera un desfase de varios meses entre la detección de una posible irregularidad y la emisión de un dictamen.
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“Lo que busca esta reforma es que en el momento en que alguna autoridad advierta que pudiera haber un ejercicio ilícito de recursos públicos, se presente la solicitud de auditoría y el órgano superior de fiscalización arranque de inmediato con la investigación”, señaló.
De aprobarse la iniciativa, la Auditoría Superior estaría obligada a iniciar las indagatorias en cuanto exista una denuncia o indicio formal y emitir un dictamen independiente del proceso anual de revisión de la cuenta pública.
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Plazo de 30 días y acciones inmediatas
La diputada indicó que el plazo estimado para informar resultados sería de alrededor de 30 días. Con ello, el Congreso podría emprender acciones administrativas o incluso penales de manera oportuna, sin esperar a los tiempos ordinarios de fiscalización.
Serrato Flores subrayó que la intención es establecer un modelo preventivo que inhiba prácticas indebidas dentro de la administración pública.
“Que no sea una revisión a toro pasado, cuando ya poco o nada se puede hacer como Congreso local”, expresó.
Uso de tecnología para agilizar revisiones
La propuesta también contempla el uso de herramientas tecnológicas y sistemas digitales para optimizar los procesos de fiscalización, reducir tiempos y hacer más eficiente el uso de recursos humanos dentro del órgano auditor.
La iniciativa será analizada en comisiones y podría abrir una mesa de trabajo con la Auditoría Superior para evaluar posibles ajustes o contrapropuestas que fortalezcan el esquema planteado.